La Conselleria de Justicia reforzará los controles de entrada y salida de los funcionarios de la Ciudad de la Justicia para evitar las malas prácticas de una minoría de trabajadores que fichan y se van del recinto judicial para aparcar o, en algunos casos, irse a desayunar o de compras.

La consellera de Justicia Gabriela Bravo adelantó ayer a Levante-EMV que reforzará estos controles para evitar los casos de absentismo laboral, que ya denunció este periódico en 2011, y que siguen repitiéndose siete años después, tal como se vio en el programa «En el punto de mira» emitido por Cuatro el pasado lunes.

Aunque se trata de casos aislados, ya que en el recinto judicial trabajan un total de 1.600 funcionarios aparte de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, la conselleria quiere atajar las malas prácticas de los trabajadores que fichan a primera hora de la mañana y abandonan el recinto judicial.

En 2011 este periódico denunció el absentismo de algunos funcionarios de la Ciudad de la Justicia de València que fueron captados por las cámaras de Levante-EMV entrando a primera hora de la mañana para fichar mediante el control de la huella y saliendo pocos minutos después por la misma puerta, sin acceder a su puesto de trabajo de forma inmediata.

Un posible sistema que permitiría atajar esta mala práctica sería la implantación del sistema de fichaje denominado «Cronos» que ya utilizan, por ejemplo, los funcionarios que trabajan en la sede de la Conselleria de Justicia ubicada en la ciudad administrativa Nou d´Octubre en el edificio de la antigua cárcel modelo de València.

Este sistema también se utiliza de forma experimental en las sedes judiciales de Picassent, Massamagrell, Quart de Poblet y Paterna. Justicia extenderá este sistema a otras sedes judiciales en los próximos meses.

Mediante la aplicación Cronos, los funcionarios fichan al introducir una tarjeta en el ordenador que utilizan en su puesto de trabajo, por lo que así se evitaría el pillaje de fichar y abandonar el edificio para aparcar o realizar otras actividades ajenas a la jornada laboral.

Este sistema podría completarse mediante el control electrónico de tornos de accesos ubicados a la entrada y salida de los edificios judiciales (que en la Ciutat de la Justicia no existen o están desconectados) para controlar las entradas y salidas de los trabajadores públicos.

Aunque desde Justicia insistieron ayer en que el control directo y exhaustivo de los funcionarios corresponde a los letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) ya que «los funcionarios son trabajadores del Estado transferidos a las comunidades autónomas» por lo que ellos son los responsables del control de las oficinas judiciales y quienes deben abrir e instruir un expediente si detectan prácticas irregulares en los trabajadores.

«Desde la Conselleria de Justicia no podemos actuar de oficio, porque esa función corresponde a los letrados de la administración de justicia (LAJ)», insistieron. Una competencia que los LAJ niegan tener.