¿Una ayuda para todos como un derecho por ser ciudadano? ¿Un dinero para quienes no alcancen la renta mínima o también para los ricos? ¿Es viable?

Cuando sale a la palestra la idea de la Renta Básica de Ciudadanía las preguntas se multiplican. El médico, economista y vicepresidente de la asociación Red Renta Básica (RRB), Rafael Pinilla, participó ayer en el XXVII seminario Étnor para analizar esta renta como una «propuesta clave para reformar el Estado de Bienestar».

De entrada, el experto aplaude la nueva ley de renta valenciana de inclusión porque el Estado «tira balones fuera» y son las autonomías las que cogen o no las riendas, en función «del interés político».

Sin embargo, Rafael Pinilla afirma que «la nueva ley va muy lenta, posiblemente porque ahora no tengan recursos. El Consell tendrá que negociar con el Estado porque si se establece por derecho y la gente comienza a pedirla se puede generar un problema. De todas formas en la Comunitat Valenciana la ley plantea distinas cantidades y plazos».

Es más, Pinilla asegura que una de sus propuestas es establecerla «de forma gradual» porque «las consecuencias son irreversibles». De hecho, durante 2017 se han realizado distintas pruebas en el mundo. En Finlandia, por ejemplo, se le ha otorgado una renta a varias personas de forma aleatoria para estudiar las conclusiones y adoptar medidas. Esa es la idea».

El experto no titubea al señalar que en España la carencia social es «muy grave». Indica que los distintos sistemas de protección, como el paro o las pensiones, «tiene sus limitaciones y se agotan» y es necesario «implantar una red de garantías para que nadie se quede fuera». En este sentido, señala que en la Comunitat existen entre 400.000 y 700.000 valencianos en pobreza extrema».

Más transparencia

Para el economista, tanto la Renta Básica de Ciudadanía como la ley valenciana de inclusión social requerirían una «mayor transparencia», pero también deberían ir acompañadas por una serie de obligaciones, como subir impuestos y perseguir la evasión. Si fuera una medida estatal, Pinilla calcula que «se debería destinar entre un 1,5 % y un 2 % del PIB».

Además, el experto apuesta por incluir en las medidas a los trabajadores porque «un trabajo no te saca de la pobreza, sino que se hereda y eso es un drama». De hecho, para Pinilla no se trata de que todo el mundo trabaje, que también, pero «el pleno empleo no garantiza salir de la pobreza, sobre todo con sueldos precarios».