Los casos de absentismo de algunos funcionarios y funcionarias de la Ciudad de la Justicia (personas que fichan a primera hora y salen de inmediato para irse a desayunar o de compras) ha reabierto el debate sobre el control que el Consell debe ejercer sobre su personal y las vías de escape de los actuales sistemas de supervisión.

Los episodios denunciados hace siete años por Levante-EMV y recogidos hace unos días en un programa de televisión de Cuatro revelan que el control horario a través de la huella digital no es tan efectivo como podría pensarse, ya que, como se ha visto, el sistema no permite controlar las entradas y salidas que se hacen una vez el funcionariado ha fichado.

En teoría este punto débil no debería existir en el complejo administrativo 9 d´Octubre, donde radica el grueso de la plantilla de la Generalitat, porque ya está dotado con el sistema que ahora la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Gabriela Bravo quiere exportar a la Ciudad de la Justicia y que ya funciona en algunos juzgados.

En el complejo 9 d´Octubre, el Gobierno de Alberto Fabra anunció un moderno sistema de control horario que alternaría la huella digital con tornos para acceder a las torres y registrar entradas y salidas.

La conocida como la ´ciudad de los funcionarios´, diseñada para concentrar en un mismo lugar todas las conselleries, comenzó a albergar los primeros inquilinos y servicios en febrero de 2013, pero cinco años después, los mecanismos de control del absentismo funcionan a medio gas ya que los trabajadores fichan cuando encienden el ordenador, pero pueden entrar y salir por los tornos sin que sus idas y venidas sean controladas por los responsables de personal.

Es decir, necesitan pasar por los tornos para entrar a su lugar de trabajo y lo hacen mediante una tarjeta identificativa. Sin embargo, estos datos sólo quedan registrados a efectos de seguridad y la información no se usa a efectos de control horario.

Los problemas iniciales para que el sistema entrara en funcionamiento tal como fue diseñado fueron de tipo jurídico. En teoría, se planificó que la entrada a los edificios se hiciera por los tornos mediante la huella digital.

Sistema con fugas

Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat puso reparos a implantar este sistema, ya que implicaba la creación y alta de un fichero de datos personales. Ante los recelos jurídicos, el entonces responsable del área de Hacienda, Juan Carlos Moragues, decidió buscar alternativas.

El problema fue heredado por el nuevo Consell del Botànic que al llegar al poder optó por dejar las cosas como estaban. Se empezaron a repartir tarjetas a todo el personal, pero se esquivó el espinoso asunto de cómo controlar las entradas y salidas. De esta manera, el sistema actual tiene fugas.

Una de ellas, admiten fuentes usuarias del sistema, es el propio mecanismo para fichar. A efectos de control, es menos efectivo que la huella digital ya que el trabajador o la trabajadora demuestra que ha empezado su horario al arrancar el ordenador y entrar en la aplicación Cronos. Una vez dentro tiene que poner su usuario y la contraseña.

Nada impide que otra persona fiche por ella ya que el sistema permite entrar varias veces con diferentes usuarios. Sólo hay que ceder la contraseña, algo que se podría hacer de forma delegada sin siquiera estar físicamente en el complejo.

Con todo, la principal gatera del sistema de control es la que tiene que ver con el registro de las entradas y salidas. Como sólo sirve a efectos de seguridad (el servicio además está externalizado) da igual las veces que se entre o se salga del edificio porque las diferentes conselleries no cruzan los datos. De hecho, la relación de entradas y salidas es información estrictamente de seguridad.

Fuentes conocedoras de este sistema admiten que, con huella digital o sin ella, es decir, con las actuales tarjetas identificativas, sería posible usar los datos. Una sencilla aplicación informática permitiría disponer de esta información en los departamentos de personal de las distintas conselleries. De esta manera, de forma sencilla, se podrían controlar las idas y venidas y el tiempo que se permanece fuera del centro de trabajo.

El asunto del absentismo laboral del funcionariado sigue siendo un tema tabú. Los sindicatos se quejan, algunas veces con razón, de que la actitud de algunos pocos mancha el nombre de todo un colectivo que, como el mundo de la política, está desprestigiado.

Ahora bien, lo cierto, admiten en privado veteranos del sindicalismo, es que no hay interés en facilitar que se refuercen los controles. Otra cuestión, admiten otras fuentes conocedoras de la función pública, es que las cuestiones de personal suelen delegarse a las jefaturas de servicio, áreas ya sobrecargadas con otras tareas y que muchas veces miran para otro lado.