Autonomías del PP que rechazan la quita de deuda que reivindica la Generalitat por el expolio del sistema de financiación son, precisamente, algunas de las más beneficiadas en el modelo de reparto de fondos desde el año 2002, fecha en la que se armonizaron las competencias y todas las comunidades asumieron de forma definitiva la gestión de Sanidad y Educación.
Hasta 53.000 millones habría dejado de percibir el Consell en relación a alguno de esos territorios teniendo en cuenta los dos últimos sistemas de financiación, el aprobado hace década y media a impulso de José María Aznar y el que se ratificó en 2009 con el socialista Zapatero, actualmente vigente aunque está caducado desde hace cuatro años.
A Dios rogando y con el mazo dando. No quieren acceder a la quita de deuda para las comunidades expoliadas con la financiación, cuya reforma está en estos momentos bloqueda. Pero, al tiempo, salen beneficiadas con una financiación que les ha garantizado no acumulados apenas deuda y, por tanto, los sistemas de rescate -liquidez avalada por el Estado- no tienen impacto en sus cuentas.
Las dos autonomías que, durante la reunión que se celebró esta misma semana en Génova, se opusieron de forma más clara a la reclamación de la Comunitat Valenciana de incluir en el nuevo sistema de reparto -todavía ni siquiera en negociación y sin fecha- una quita de la deuda de unos 20.000 millones acumulados por el déficit de financiación fueron Galicia y Castilla-León.
La posición de Alberto Núñez Feijóo y de Juan Vicente Herrera, presidentes de esos dos territorios, fue clave para que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cediera a la presión y descartara ya por completo la quita. Ocurre, sin embargo, que las cuentas de esas dos autonomías han salido muy beneficiadas.
Incluyendo las previsiones de las liquidaciones, aún sin ejecutar, del sistema en 2016 y 2017, en la última década y media, de haber disfrutado del mismo nivel de ingresos por habitante, la Comunitat Valenciana habría recibido casi 30.000 millones más -unos 2.000 anuales- en el caso de equipararse a Galicia.
Habría ingresado el Consell en ese mismo periodo que abarca desde 2002 unos 35.000 millones en el supuesto de que la Comunidad hubiera recibido el mismo trato que Castilla-León. Y de haber registrado las arcas autonómicas un volumen de ingresos per cápita similar al de La Rioja, la Generalitat podría haber ingresado desde 2002 una aportación extraordinaria de 53.000 millones. Con una salvedad en este último caso: se trata de un territorio que debe asumir un coste fijo muy alto por la prestación de servicios.
Son cantidades enormes que, con un trato parecido, le hubieran supuesto a la Comunitat un ingreso extra que oscilaría entre los 2.000 y los 3.500 millones anuales.
Cabe recordar que, en estos momentos y según los cálculos de la conselleria de Hacienda, la Generalitat podría cubrir sus principales gastos con una aportación extraordinaria del Estado de 1.325 millones, como figura en los presupuestos autonómicos. Pero es que, con un trato similar al de esas autonomías que se oponen a compensar a la Comunidad, se registraría una reducción notable y se podría cubrir el total de la deuda valenciana, 44.500 millones.
