En la historia de la política de España hay una fecha de vital importancia: el 6 de julio de 2007. Entró en vigor la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Supuso un punto de inflexión porque, hasta entonces, el marco legal permitía explícitamente las aportaciones anónimas de empresas y donantes a los partidos. Esto beneficiaba, como se aprecia en las gráficas que componen este reportaje, a los grupos de centro-derecha, quienes acumulaban el 92 % de las donaciones anónimas.
Fue la izquierda la que impulsó la reforma que impondría limitaciones a la financiación privada. Se ilegalizaron las donaciones anónimas. No obstante, se abrió la puerta para que las empresas o donantes de fondos que tuvieran relación con las formaciones políticas hicieran las donaciones a través de las fundaciones de los partidos, como la más que conocida FAES del Partido Popular, Ideas del Partido Socialista o Sabino Arana en el caso del Partido Nacionalista Vasco. Según indica la misma ley, «estarán sometidas a los mecanismos de fiscalización y control» por el Tribunal de Cuentas.
Tal como explica el profesor y doctor de Ciencia Política de la Universitat de València y experto en financiación de partidos, Juan Rodríguez Teruel, la tendencia ha cambiado -mucho- en los últimos años. Tras la aprobación de la ley, entre 2007 y 2012, Rodríguez asegura que «los porcentajes de donaciones anónimas se trasladan al porcentaje de dinero empresarial que llegan a las fundaciones de los partidos». Sin embargo, las donaciones cayeron en picado a partir de 2013, debido a que las empresas «se muestran reacias a realizar aportaciones dados los continuos casos de corrupción en los que se ven envueltos los partidos, lo que genera miedo a verse salpicados o relacionados», apunta.
Subvenciones públicas, a la baja
La caída de las donaciones empresariales no ha afectado de una manera tan acusada a los partidos de izquierdas como a sus oponentes. Sus fundaciones suelen tener más ingresos por donaciones individuales que empresariales, y en su gran mayoría, cuentan con una gran captación de fondos a través de las cuotas de afiliación de sus militantes.
A la preocupación de los partidos políticos, que ven cómo las donaciones empresariales descienden cada año que pasa, se suma una más. Sin distinción entre ideologías, la principal fuente de financiación de los partidos políticos es la partida económica que los Presupuestos Generales del Estado contemplan para sus subvenciones. Sin embargo, como apunta Rodríguez, «el dinero público del que dependen los partidos está descendiendo a marchas forzadas en los últimos cinco años». Esta tendencia tuvo su inicio en 2009, y cada año desde entonces ha representado una reducción de entre el 10 y el 20 % del dinero que perciben como consecuencia de las decisiones del Gobierno de reducir la partida a este fin. Según alerta el experto, «a día de hoy, los partidos están cobrando del Estado lo mismo que recibían en 1988». Este dato resulta aún más alarmante si se tiene en cuenta que la dependencia de las formaciones políticas de los fondos públicos es casi absoluta, pues según el estudio de Rodríguez, los ingresos estatales representan entre ocho y nueve de cada diez euros que ingresan en total. El partido más dependiente es el PP, seguido por el PSOE. Esto presiona la actividad de los partidos que tendrán que buscar nuevas formas para mantenerse.
El nacimiento de nuevos partidos trajo consigo nuevas ideas de financiación. Podemos, que no cuenta con afiliados que paguen una cuota, impulsó los microcréditos y el crowfunding como método de financiación para arrancar, ya que por ideología no aceptan opciones más tradicionales como los créditos con bancos. Ahora, en 2018, Podemos es un partido consolidado que sobrevive, como el resto, gracias a los fondos públicos. Rodríguez destaca también el caso de Compromís, donde «el peso de las cuotas fue muy importante sobre el total de ingresos antes de acceder al gobierno, especialmente en el caso del Bloc». De hecho, Rodríguez considera que el origen de los ingresos por afiliación «mantiene una disputa interna entre ellos y los que están inscritos directamente en Compromís».
Las tres principales fuentes de ingresos caen a pasos agigantados. Y esto, según los teóricos, puede tener importantes consecuencias medio y largo plazo.
Entonces, ¿qué pasará?
Rodríguez expone que la infrafinanciación de los partidos podría conducir en cierto modo al populismo. Dado que los ingresos de los afiliados y las donaciones sostienen sus cuentas, tendrán más capacidad de decisión a la hora de influir en el discurso. Estas contribuciones económicas suelen hacerse por aquellos militantes y empresas «que tienen las ideas más claras, más puristas y más extremas».
El futuro de la financiación de los partidos es «un callejón sin salda», alerta Rodríguez. Los partidos se ven obligados a recortar personal, a reducir su capacidad de participación y a vender sus sedes, como ha sucedido en el PSPV. Los que más sufrirán este empobrecimiento serán los partidos más proclives al cambio social, porque, como incide Rodríguez, «tendrán que decidir si quieren financiarse solo por la vía pública o abrir las puertas al dinero privado con toda la transparencia». Esta segunda opción parece la más factible en opinión del experto, aunque implicaría que los políticos cambiaran el perfil, representaran a grupos concretos y sean más atractivos al público de lo que eran hasta ahora, porque por mucho que les respalde su ejecutiva, tendrán que seducir a la ciudadanía.
Y sin embargo, esa tendencia ha comenzado a cobrar fuerza en los últimos años gracias a una nueva ventana publicitaria. Las redes sociales suponen un nuevo filón desde donde los partidos pueden actuar. Participan los más ágiles, y los que más éxito tienen son los que cuentan con discursos más polémicos: pesos pesados cibernéticos cuya popularidad y fuerza crece en la red y se traslada a la economía de sus partidos.
