La titular del juzgado de Instrucción 21, Nieves Molina, acaba de comunicar el auto de apertura de juicio oral contra el exconseller, Rafael Blasco, y otros 23 acusados del desvío de ayudas a la Cooperación en Perú, África y Haití, que se investigó en dos piezas separadas pero se juzgará de manera conjunta. Los 24 acusados tienen ahora diez días para presentar escritos de defensa, que deberá responder la jueza, antes de que la causa pase ya a turno de reparto a la Audiencia de València para ser juzgada en una de las cinco secciones (excepto la segunda que es la que ha resuelto los recursos durante la instrucción".

La trama presuntamente liderada por el exconseller Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni se enfrentan a un total de 167 años de cárcel, décadas de inhabilitación, el decomiso de pisos, yates y cuentas bancarias, además de multas e indemnizaciones millonarias, según reclama la Fiscalía Anticorrupción y la coordinadora de ONGD.

El Ministerio Público consiera al exconseller y a su alterego, Augusto César Tauroni, como los cabecillas de la «asociación ilícita» creada para desviar las ayudas a la Cooperación desde 2009 hasta 2011. El empresario Tauroni es el que se enfrenta a una pena de prisión más elevada en esta nueva pieza: 21 años de prisión, multa de 3 millones de euros y el decomiso de los apartamento y el yate adquiridos junto a su mujer en Miami, además de las cuentas bancarias de las siete empresas creadas en EE UU y utilizadas para el blanqueo de capitales, según la petición de la Fiscalía.

Al siete veces conseller, Rafael Blasco, también se le complica el futuro si prospera la acusación de la Fiscalía Anticorrupción en este nuevo juicio. El Ministerio Público solicita dieciséis años de prisión para el exsíndic popular que inició su carrera con el PSPV: 12 años por malversación, prevaricación y falsedad y otros cuatro por asociación ilícita. También le reclama el pago de una multa de 144.000 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años. Blasco cumple actualmente una pena de seis años y medio de cárcel por la primera pieza que juzgó el desvío de las ayudas a Nicaragua.

Una suerte similar correla guardia pretoriana de Blasco durante años. Anticorrupción exige dieciséis años de cárcel para el exjefe de Área de Cooperación Marc Llinares (16 años), que acabó absuelto en el primer juicio por el desvío de las ayudas a Nicaragua. El exdirector general de Cooperación, Jospe Maria Felip, también logró ser absuelto por el Supremo, tras el juicio de la primera pieza, aunque ahora volverá a sentarse en el banquillo para enfrentarse a los siete años y medio que reclama para él el Ministerio Público.

También Tina Sanjuán, ex secretaria general de la Conselleria de Solidaridad y fiel escudera de Blasco durante años, y María Dolores Escandell, exjefa de Servicio, se enfrentan a cuatro años de cárcel, según la petición de la Fiscalía.

Aunque se inicie el juicio por el desvío de las ayudas a la Cooperación, el juzgado de Instrucción 21 mantiene abiertas otra pieza separada: la que investiga las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 en la Conselleria de Inmigración o Solidaridad, por las que están hoy citados a declarar en la Ciutat de la Justicia el exconseller Rafael Blasco y Tina Sanjuan.