La férrea fidelidad de la escudera de Rafael Blasco en las diversas conselleries que ocupó, Tina Sanjuán, se resquebrajó ayer por primera vez desde que estalló el escándalo del desvío de las ayudas a la Cooperación. La exsecretaria de la Conselleria de Solidaridad reconoció ante la jueza de Instrucción 21 y el Fiscal Anticorrupción que los siete contratos informáticos investigados por un presunto amaño se adjudicaron a dedo por orden del conseller Rafael Blasco.
Sanjuan ha admitido los hechos, descubiertos casualmente durante la investigación de las otras tres piezas por el desvío de las ayudas a la Cooperación y también confirmados la semana pasada por el jefe de informática de la Conselleria de Solidaridad. La exsubsecretaria, que cumple actualmente seis años de cárcel por el desvío de las ayudas a Nicaragua y esta encausada en las otras dos piezas que se juzgarán en breve, también explicó en su declaración que fue el empresario Augusto César Tauroni quien se presentó en la conselleria y se ofreció para hacer los trabajos relacionados con la informática. Un ofrecimiento que aceptó el entonces conseller ya que ordenó que los contratos fueran adjudicados a las mercantiles de Tauroni, según explican a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración.
Sanjuan añadió que todo el mundo sabía que los contratos debían adjudicarse a las empresas de Tauroni, directamente o a través de intermediarias. Al respecto, se le interrogó sobre si gracias a estas decisiones Blasco se enriquecía con los amaños. Sanjuan respondió que al principio pensaba que no, aunque con el tiempo ha empezado a dudarlo. Sí admitió «rumores» en la conselleria de que Blasco se llevaba de dinero, aunque ella nunca vio ninguna actividad delictiva.
También podría haber dado su versión sobre los hechos el exconseller, que fue trasladado desde la cárcel de Picassent, donde cumple seis años y seis meses de condena por la primera pieza. Aunque finalmente Blasco decidió guardar silencio y acogerse a su derecho a no declarar.
El amaño de los contratos de informática de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía -después Solidaridad y Ciudadanía- se investigan en una pieza separada del Caso Blasco, por el desvío de las ayudas a la cooperación, cuya primera pieza encarceló tanto al exconseller Rafael Blasco como a Tauroni.
Adjudicación a multinacionales
Todos los contratos se adjudicaban a multinacionales como Fujitsu España Service o Ibermática, pero en realidad los trabajos los realizaban las mercantiles controladas por Augusto César Tauroni o testaferros como Dinamiz-e y S&C Visión y Análisis. Los siete contratos bajo sospecha ascendieron a un millón de euros.
Según declaró el exjefe de informática, la trama Blasco-Tauroni pagaba a las multinacionales comisiones del 7% para que figuraran en los contratos como las adjudicatarias, para evitar que las empresas de Tauroni aparecieran en los contratos, ya que Levante-EMV ya había desvelado este supuesto trato de favor de Blasco a Tauroni desde su paso por la Conselleria de Bienestar Social. El empresario Augusto César Tauroni también «hacía ostentación» de su amistad con el conseller para conseguir contratos, según declaró el testigo.
A su vez, las empresas de Tauroni inflaban el coste de los salarios de sus trabajadores para «obtener mayor beneficio industrial», aunque en realidad pagaban salarios bajísimos, según declaró el exjefe de informática.
