El Parlamento valenciano ha iniciado hoy la reforma de varios artículos de la ley que regula las relaciones jurídicas agrarias en la Comunitat Valenciana, una norma que tiene raiz en el derecho civil foral valenciano y que permitirá, según el diputado de Compromís Josep Nadal, proteger al agricultor ante la venta a resultas y que también obligará a que los contratos de compraventa sean siempre escritos y no muchos de ellos verbales como ocurre ahora. Además, la reforma recoge que los contratos se emitirán por triplicado, un ejemplar para el que vende, otro para el comprador y un tercero para el registro.
Pese a la existencia de la ley, la evidencia señala que en el campo los abusos continuan especialmente en el ámbito de la compraventa, lo que el diputado Nadal ha señalado como "piratas" en el campo ya que la parte productora sigue siendo la más débil de la cadena cuando la compradora presiona con los precios, que pueden llegar a situarse por debajo del coste de producción. Así, en muchos casos los costes de la distribución y la comercialización se trasladan al productor, lo que se conoce como venta a resultas, una práctica que en la actualidad está prohibida por la legislación autonómica y estatal pero que no ha desaparecido.
El Consell estimó, además, al dar el criterio favorable que en el trámite parlamentario se dé la oportunidad de hacer aportaciones a las entidades representativas del sector y también que participara la comisión de Codificación Civil ya que tiene una sección dedicada al derecho patrimonial agrario. Las modificaciones que promueve Compromís recogen demandas del sector agrario pa
La iniciativa legislativa puesta en marcha por las Corts es bienvenida por las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana, AVA-Asaja y la Unió de Llauradors. Esta práctica de la venta a resultas (es decir, vender sin pactar precios en origen), tan extendida en el campo desde hace muchas décadas, ya se la cargó en 2014 el Ministerio de Agricultura al poner en marcha la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que entró en vigor en el citado año, tanto en el comercio como en la distribución. La proposición de ley de Compromís, según los líderes de la Unió de Llauradors, Ramón Mampel, y de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, aportará «transparencia y protección» a los productores. En ese sentido, los dirigentes agrarios consideran positivo la puesta en marcha del registro de contratos.
«En muchas ocasiones los comercios vulneran la Ley de la Cadena Agroalimentaria porque revientan los precios y se perjudicaa los agricultores», advierte Aguado. En ese sentido, reclama a la AICA que imponga sanciones a los operadores de mercado que vulneren estos pactos porque pueden «llevar a la ruina a los agricultores».
Según Ramón Mampel, esta iniciativa legislativa «todavía es susceptible de introducir mejoras» y considera que la modificación de la Ley de contratos agarios debe contribuir a «mejorar la renta de los productores».
