El V Encuentro Mundial de las Familias celebrado el 8 y 9 de julio de 2006 en València, en presencia del papa Benedicto XVI, sirvió para proclamar la «transmisión de la fe en las familias». Pero también para vulnerar los principios más elementales de la ley de contratos de las administraciones públicas, según considera la Fiscalía Anticorrupción.
El Juzgado de Instrucción 5 de València investiga a petición del Ministerio Público un total de 11 contratos suscritos por la Fundación V Encuentro mundial de las familias (FVEMF) con otras tantas empresas para el suministro del altar, las mochilas del peregrino, los sanitarios químicos con los que se inundó la ciudad, los alojamientos, la publicidad o la difusión del evento.
En estas diligencias, abiertas por el juzgado en 2016, se investiga a los diez máximos responsables de la FVEMF que siguen vivos doce años después del evento: el expresidente de la Generalitat y presidente de honor de la fundación, Francisco Camps; el obispo auxiliar Esteban Escudero y presidente de la FVEMF; el secretario del patronato de la fundación y exvicepresidente del Consell, Víctor Campos; el entonces conseller de Agricultura, Juan Cotino, «por su indudable influencia en la toma de decisiones de todos ellos por razón de los cargos políticos que ostentaban»; el representante legal de la fundación «y firmante de buena parte de los contratos presuntamente irregulares», Francisco Javier Jiménez Fortea; junto a los comisionados de la fundación, el entonces secretario del arzobispado, Antonio Corbí, y el exconcejal y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, además de la ex alto cargo del Consell Henar Molinero, que también ejercía de secretaria.
Se libran de la investigación el anterior arzobispo, Agustín García-Gasco, y Rita Barberá, ya fallecidos, que ostentaban la presidencia de honor y vicepresidencia de la fundación.
La Fiscalía Anticorrupción los considera a todos ellos «indiciariamente responsables» de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración por las contrataciones que aprobaron e impulsaron para la celebración del evento papal, según la denuncia presentada por el Ministerio Público el 27 de diciembre de 2016, a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
Esta investigación con la fundación para la visita papal como protagonista tiene su origen en la trama Gürtel, que ha investigado en una pieza separada el supuesto cobro de 3 millones de euros en mordidas en el contrato de 7,4 millones para la cobertura audiovisual de la visita del pontífice.
En breve se sentarán en el banquillo por estos hechos el exconseller Juan Cotino, el exdirector de RTVV, Pedro García y los miembros de la trama Gürtel: Francisco Correa y Álvaro Pérez.
En el transcurso de esta investigación, el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional encargó a la Intervención General del Estado (IGAE) un informe sobre las contrataciones realizadas por la fundación papal que es la que levanta la liebre sobre el incumplimiento masivo de la ley de contratos.
«En consideración a la naturaleza jurídica de la fundación y al montante del importe de los servicios contratados se habría incumplido la normativa reguladora, con vulneración de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia».
Éste será el principal caballo de batalla de las defensas: dirimir si la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias era una institución pública o privada. Los investigadores se decantan por la primera opción. Por dos motivos: la fundación se constituyó con capital mayoritario público (arzobispado, Generalitat, ayuntamiento y Diputación de València pagaron 10.000 euros cada uno). Y fue liquidada con aportaciones de capital de la Generalitat para hacer frente a las deudas aún pendientes en 2010 y 2014.
Además, la fundación recurrió a las arcas públicas de las tres instituciones públicas afectadas sin escatimar recursos. Éste es uno de los motivos por los que la empresa pública Vaersa ha acabado implicada en la causa de la visita del papa porque, durante la investigación contra dos de sus exdirectores por otras causas, se encontró un correo en el que se aludía a la inconveniencia de que no saliera a la luz el dinero gastado en los preparativos.
