El pleno del Consell aprobará este viernes la personación de la Generalitat en la causa judicial que investiga contratos presuntamente irregulares en la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006, en el marco del V Encuentro Mundial de las Familias, para que el dinero "vuelva a donde nunca tenía que haber salido".
Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la sesión de control en las Corts en respuesta a la pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri, que le ha pedido la valoración que hace el Consell de "la investigación judicial por corrupción en la organización de la visita del Papa" Benedicto XVI a València.
Puig ha señalado que lo ocurrido en esta visita es "no es más que un capítulo de un manual de corrupción que se instaló en esta tierra", pero supone "uno de los episodios más lamentables" porque además de la "herida económica, que fue de 22 millones de euros gastados sin procedimiento y competencia" provocó un daño "terrible" a la reputación de los valencianos".
También ha lamentado que en ese momento la ciudad sufrió el accidente de metro del 3 de julio y "no tuvieron ni la más mínima sensibilidad con las víctimas" ni "honradez política" y mientras tanto "estaban robando".
Este caso está siendo investigado por el juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que instruye desde 2016 presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación VEMF para la visita del Papa a la ciudad.
El juzgado llamará a declarar en calidad de investigados al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; al obispo auxiliar de València Esteban Escudero --también presidente de la fundación-- y a otras ocho personas más. Según informó recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), junto a Camps y Escudero también tendrán que declarar en la misma condición el exvicepresidente Víctor Campos; el expresidente de las Corts Juan Cotino, entre otros.
