La Fiscalía Provincial de València ha solicitado a la jueza que investiga el accidente del metro la prórroga por tres años más de la investigación del siniestro en el que murieron 43 personas, según consta en una providencia del Juzgado de Instrucción 21 de València, hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En la primera resolución que dicta desde que la sección segunda de la Audiencia de València la obligó a reabrir la causa y decretar la apertura de juicio oral, la titular del Juzgado de Instrucción también ha citado a declarar el próximo 26 de marzo a la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valencianade la empresa ferroviaria (Juan José Gimeno Barberá, Manuel Sansano, Sebastián Argente y Luis Miguel Domingo Alepuz).

Ninguno de los cinco había sido interrogado desde que se les imputó a finales de junio de 2016, a escasos días de que prescribieran los hechos de los que se les pudiera acusar, al cumplirse el décimo aniversario del siniestro.

En la misma providencia, la jueza también ofrece la posibilidad de volver a declarar a Vicente Contreras, su mano derecha y director adjunto de FGV; Francisco García Sigüenza, director técnico de FGV y considerado el «número 3» de la empresa; y Francisco Orts Pardo, responsable de la dirección de Estudios y proyectos

Sobre la petición de la Fiscalía, que ayer aún no había sido notificada a las partes, las víctimas del metro personada en la causa y los acusados tendrán tres días para pronunciarse.

El Ministerio Público pretendía encargar varias periciales de peritos independientes frente a las realizadas por el alto cargo de Adif, Andrés Cortabitarte (imputado por el accidente del Alvia de 2013 con 81 fallecidos), y técnicos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), por su parcialidad.

La sección segunda de la Audiencia de València rechazó esta petición en el escrito de reapertura porque considera que «la valoración de la credibilidad de los peritos es competencia exclusiva de los órganos de enjuiciamiento».

Los magistrados dictaminaron que existía «algún indicio racional de criminalidad, suficiente para dictar el correspondiente auto de procesamiento» por lo que «tras la extensa instrucción realizada, ésta ha alcanzado ya su finalidad».