03 de marzo de 2018
03.03.2018
Caso Cooperación

El juez rechaza una queja de Blasco y lo deja sin permisos por la gravedad de sus delitos

La condena del exconseller se extiende hasta diciembre de 2021 y «podría alterarse» por los dieciséis años de cárcel que pide Anticorrupción para él

03.03.2018 | 10:44

El juez de vigilancia penitenciaria número uno de València ha rechazado la queja presentada por el exconseller Rafael Blasco, que cumple seis años y seis meses de cárcel por el desvío de las ayudas a la cooperación en Nicaragua, por la denegación de los permisos penitenciarios.

El exconseller alegaba en su escrito de queja ante el juez que cumple los requisitos para disfrutar de permisos penitenciarios (que ya pudo disfrutar a finales de 2017): «hallarse clasificado en segundo o tercer grado, haber extinguido la cuarta parte de la condena y no observar malas conductas». Pero el titular del Juzgado de vigilancia penitenciaria uno le recuerda que «la concurrencia en el interno de las anteriores circunstancias no le otorga sin más un derecho a la obtención del permiso».

El magistrado también recuerda en el auto, hecho público ayer por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), que la sección primera de la Audiencia de València acordó «la negativa a la concesión de permisos de salida al interno», tras recurrir la Fiscalía los seis días en libertad concedidos por el mismo juez. La Fiscalía primero, después la Audiencia de Valencia y ahora el juez de vigilancia penitenciaria recuerdan la «gravedad» de los delitos por los que fue condenado Blasco: «malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial» por los que debe cumplir condena hasta diciembre de 2021. Este cálculo de su actual condena «podría llegar a alterarse» en función del resultado del inminente juicio de las piezas 2 y 3 del Caso Blasco que juzgará el desvío de ayudas a Perú, África y Haití, por las que la Fiscalía Anticorrupción pide 16 años de cárcel para el siete veces conseller.

El juez de vigilancia penitenciaria también recuerda a Blasco que «la afectación por los delitos cometidos de un interés general no se ha visto aún resarcida ni aminorado», en referencia al pago de indemnizaciones por el desvío de las ayudas que, recuerda el magistrado, «se ha pospuestos a la fase de ejecución de sentencia, dada su enorme complejidad, y su liquidación encomendada al Tribunal de Cuentas, aunque eso no significa que no exista», como señalaba el abogado de Blasco en su escrito.

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