La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio otorgó 1.295 soluciones habitacionales para la gente que más lo necesitaba y evitó 58 casos de desahucio en el primer año en vigor de la Ley de la Función Social de la Vivienda que empezó a funcionar el 1 de marzo de 2017.

Según informó la consellera de Vivienda, María José Salvador, este servicio «está dirigido fundamentalmente a aquellas personas que estén sufriendo un proceso de ejecución hipotecaria, o un desahucio, que no puedan hacer frente al pago de su hipoteca».

Así, las soluciones tramitadas en estos casos de desahucio han sido viviendas del parque público de EIGE (5), y de Bankia (12), ayudas municipales a través de los servicios sociales (30), arrendamientos de particulares gestionados por los servicios sociales (5), la mediación con entidades financieras para alquiler social (2) y cuatro más que están en tramitación en estos momentos.