El escándalo suscitado por el aparato de grabación descubierto en el despacho de la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, la socialista Eva Montesinos, forzó una comparecencia ayer de la concejala donde afirmó que no denunció la presencia de este «dispositivo rudimentario» para preservar la imagen de la ciudad.
Según definió, se trata de un «dispositivo de autograbación» y de corto alcance, que no tiene wifi y, por tanto, «era de consumo interno», pero negó que hubiera sido instalado para grabarla a ella.
El aparato fue descubierto hace dos meses bajo una librería del despacho. Se hizo un barrido a petición de la concejala por los problemas que tenía para mantener conversaciones a través del móvil en un determinado punto. Al encontrarlo, Montesinos aseguró que al día siguiente se comunicó a la Policía Nacional, quienes lo analizaron y le transmitieron que «en sí mismo» no era constitutivo de delito porque «no tenía capacidad de grabación».
El caso se expandió ayer por todos los rincones de la Comunitat. Hasta el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que el consistorio alicantino «debe y dará explicaciones» sobre el dispositivo de grabación y entonces «se tomarán las determinaciones oportunas».
Puig quiso aclarar que, pese a que se trata de una concejalía que ostentan los socialistas, «al PSPV no le afecta porque el ayuntamiento tiene autonomía y existe separación entre instituciones y partidos».
La oposición lo denuncia
El portavoz de Guanyar Alacant y exconcejal de Urbanismo hasta noviembre, Miguel Ángel Pavón, no dudó en interponer una denuncia en la comisaría porque considera que este suceso se debe investigar «hasta las últimas consecuencias». Él mismo ocupó el despacho, por lo que se calificó como «afectado por un supuesto delito de grabaciones ilegales» y criticó que no se denunciara «desde el minuto uno».
El portavoz del grupo municipal de Compromís, Natxo Bellido, anunció que la formación lo denunció ante la Fiscalía de Alicante porque se trata de una situación de «suficiente gravedad» para que se valore abrir una investigación. Bellido exigió la convocatoria de la Junta de Portavoces para que se den las explicaciones pertinentes.
