La ansiada reforma del Estatut d'Autonomia, anclada desde 2011 y cuya tramitación se desbloqueó hace una semana, no debería ir ahora a toda máquina. Es mejor un proceso «tranquilo», afirman responsables del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, ya que el objetivo es que el referéndum que ha de validar la modificación se celebre junto con las elecciones autonómicas, municipales y europeas de 2019.

Si no hay adelanto de la convocatoria, que hoy por hoy no está en los planes, aseguran fuentes de Presidencia del Consell, los comicios se celebrarán el 9 de junio del año próximo.

Eso significa que la aprobación definitiva en el Congreso de la reforma del Estatut debería producirse no antes del 9 de diciembre, ya que la norma vigente da un plazo de seis meses desde la votación final en las Cortes Generales para ratificar con una consulta la modificación estatutaria.

Los socialistas ven posible un acuerdo con otros grupos para adecuar el calendario y «no ir más rápido de lo necesario» ahora. La posición de Presidencia es clara al respecto: lo «racional» es realizar el referéndum con las elecciones, por abaratar gastos y para favorecer una participación más alta.

Un factor a favor del acuerdo sobre el calendario es que el PP no tiene mayoría en la mesa de la comisión constitucional de la Cámara, la encargada de la tramitación. Esta se compone de dos diputados del PP, una del PSOE, uno de Ciudadanos y otro de Unidos Podemos. El resto de grupos, por tanto, puede imponer el ritmo que considere.

Después de 45 aplazamientos, Cs se desmarcó el pasado 27 de febrero de esta estrategia desarrollada con el PP durante meses y desbloqueó la tramitación. El paso siguiente ha de ser la convocatoria de la mesa de la comisión para que una ponencia redacte un informe final , que luego deberá ser debatido por la comisión al completo. De ahí se pasa a la deliberación y votación en el pleno de la Cámara.

El último trámite es el envío de la reforma al Senado (el PP tiene allí una mayoría aplastante), que dispone de dos meses para pronunciarse. El Consell espera que ese punto final no llegue antes del 6 de diciembre. Tampoco mucho más tarde.

La reforma, que viene de la era Camps (2011) y dispone una mayor inversión del Gobierno, cuenta con el apoyo del PP valenciano. El de la capital la observa con una distancia mayor. Habrá que ver cómo actúa a partir de ahora.