La nueva ley de contratos públicos, que entra en vigor mañana, obliga a cambiar procedimientos y rutinas extendidas. Los efectos del cambio, de gran calado para el día a día de la gestión pública, se están notando por adelantado en las administraciones valencianas.

Fuentes del Consell y la Diputación de València admiten que han acelerado licitaciones y acuerdos en previsión de la modificación legal. De hecho, el ejecutivo que preside Ximo Puig había previsto incluso convocar un pleno extraordinario para poder adelantar la licitación de varios contratos, aunque al final no ha sido necesario.

Las fuentes consultadas indicaron que la Generalitat lleva dos años preparándose para el cambio legal, si bien es cierto que en los últimos meses algunos departamentos (principalmente, los de mayor presupuesto como Educación y Sanidad) han puesto el pie en el acelerador.

Aquellas licitaciones que ya estén publicadas en el DOGV se regirán por la antigua ley de contratos, pero las que no hayan llegado a este punto deberán revisarse y amoldarse a la nueva normativa. Así, aunque uno de los objetivos de la ley es reducir la burocracia y las cargas administrativas, los cargos del segundo escalón de la Generalitat cuentan con cierta ralentización en los trámites. Para el Consell del Botànic la nueva ley es un reto, ya que llega cuando está encarando la recta final de la legislatura y necesita rentabilizar al máximo su tiempo.

Los cambios en la ley no son triviales, puesto que restringen muchas prácticas asentadas en la administración y que en el pasado dieron pie a varios de los casos de corrupción que hoy se juzgan en los tribunales.

Así, se limitan los contratos menores. El fraccionamiento y los procedimientos negociados sin publicidad serán prácticamente testimoniales. Además, se refuerza la transparencia, de tal manera que la publicidad será obligatoria en todo el procedimiento y cualquier cambio tendrá que publicarse.

La Diputación de València acaba de publicar el pliego de condiciones de un nuevo contrato que aglutina las acciones de comunicación institucional. Hasta ahora lo común era suscribir contratos por separado. El cambio en los contratos menores obliga a que solo se formalice uno por ejercicio con una misma empresa.

Ante esta situación, la corporación ha optado por adelantarse y licitar un contrato genérico para una parte de 2018, 2019 y 2020 (prorrogable por dos años más) por un importe total de 3,1 millones más IVA. Incluyendo el periodo de prórroga, el valor total es de 5,8 millones.

No es el único efecto de la inminente entrada en vigor. Fuentes de la institución provincial aseguran que se han agilizado asimismo contratos menores que estaban en tramitación para no volver a reiniciar de cero los procesos.

El presidente de la diputación, Jorge Rodríguez, cree que, al menos de entrada, la nueva ley complicará más la gestión de los consistorios. Aunque en principio la norma tiene como objetivo facilitar el acceso de pymes a la contratación, las restricciones a los contratos menores pueden afectar negativamente a autónomos y microempresas locales, consideró.