La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 44 años por su presunta participación en los altercados violentos protagonizados por grupos ultra de extrema derecha en la manifestación del pasado 9 d'Octubre en València. Con este ya son 18 los detenidos por los ataques, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.
Tras las brutales agresiones, la Fiscalía Provincial de València abrió de oficio una investigación por estos incidentes, que se produjeron en una manifestación vespertina no autorizada del Día de la Comunitat Valenciana, por parte de un grupo de violentos de extrema derecha que cargaron contra participantes y periodistas que cubrían la manifestación convocada por la Comissió 9 d'Octubre bajo el lema «Sí al valencià».
La última detención se ha producido cuando un policía fuera de servicio, mientras viajaba en transporte público en València, observó a un hombre que coincidía con uno de los que habían participado en los altercados y que todavía no había sido identificado. Tras seguirlo, confirmó su identidad y lo detuvo.
Al último detenido, de origen español y con numerosos antecedentes policiales, se le imputan el presunto delito contra los derechos fundamentales con motivación discriminatoria por razones ideológicas y de desórdenes públicos. Tras prestar declaración fue puesto en libertad.
Además de los 18 arrestados, otras seis personas han sido identificadas, tras presentar las acusaciones más vídeos e imágenes de las agresiones de los neonazis durante el 9 d'Octubre, de las que la Policía ya ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción número 15 de València, así como a la Fiscalía Provincial de València.
El magistrado que instruye esta causa, Vicente Ríos, decidió el pasado 2 de marzo apartar al Ayuntamiento de València, que ejercía la acusación particular y admitió incluir como acusación popular a Movimiento contra la Intolerancia. La razón de expulsar al consistorio de la causa se debe a que no hubo daños en el mobiliario urbano por lo que el Ayuntamiento de València no puede ejercer la acción particular.
Por el contrario, el juez sí que aceptó la personación de Movimiento contra la intolerancia porque su legitimación es «incuestionable», aunque debe abonar una fianza de 1.500 euros. El magistrado recordaba que en los procesos por delitos perseguibles de oficio, como éste, cualquiera ejercitar la acción penal e intervenir durante todo el proceso. Este derecho se ostenta con independencia de haber sido agraviado por el delito.
