La Fiscalía Anticorrupción quiere más tiempo para investigar las cuatro piezas separadas del caso Imelsa, que investiga el presunto pago de mordidas en la Diputación de València cuando era dirigida por Alfonso Rus, y que derivó en el caso Taula para indagar sobre este pago de comisiones extendido a la Generalitat y el Ayuntamiento de València.

El Ministerio Público solicita, en un escrito notificado a las partes al que ha tenido acceso Levante-EMV, que «se prorrogue la complejidad de la causa» porque «no se van a poder concluir las diligencias para el 15 de marzo de 2018». Esta prórroga de la investigación no afecta a la pieza del Ayuntamiento de València que investiga el presunto pitufeo y delito electoral cometido por representantes del PP de la ciudad de València (prorrogado hasta julio de 2018 el pasado mes de agosto) y a la pieza de los zombis de Ciegsa e Imelsa, con la instrucción ya finalizada y que está pendiente de que el magistrado del caso Taula, Víctor Gómez, dicte el auto de apertura de juicio oral.

Los nuevos plazos de investigación, que se aprobarán por el magistrado con toda probabilidad, afectarán a la séptima y última pieza separada abierta a principios de marzo que investigará el presunto pago de mordidas en la construcción de colegios, a cambio de adjudicaciones, en el seno de la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA), cuando estaba dirigida por el exdirigente popular Máximo Caturla.

También se prolongará previsiblemente la pieza que indaga en las supuestas mordidas que el yonki del dinero Marcos Benavent pagaba a la exconcejal de Cultura, Maria Jose Alcón, por la que ambos están investigados junto a varis empresarios más.

La Fiscalía Anticorrupción también pide más tiempo para ahondar en el presunto blanqueo de capitales cometido por el exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de València, a quien el juez del Caso taula acusa de, supuestamente, lavar dinero de mordidas a través de sus empresas.

En el auto que creó esta nueva pieza separada y en el que se comunicaba a Rus su nueva imputación por blanqueo, el magistrado aseguró que existían «indicios de que la recompra por 1,2 millones de las acciones de su sociedad que había vendido tres años antes por 1,8 millones fue una operación simulada».

También seguirá adelante la pieza separada que investiga el «centro de atención multicanal a los contribuyentes» de la Diputación de Valencia, bautizado como «Call Center», y «externalizado» en 2012, mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local SA), que lo adjudicó a a la empresa privada Servimun el 20 de mayo de 2013. Y la pieza principal que investiga las contrataciones impulsadas por Marcos Benavent en Imelsa a cambio de mordidas.

La Fiscalía Anticorrupción justifica esta prórroga del plazo en la instrucción en que existen «diligencias de investigación pendientes de practicar» y también falta por remitiro una serie de informes encargados a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.