14 de marzo de 2018
14.03.2018

El Botànic une fuerzas para despenalizar el cultivo de cannabis para uso terapéutico

El tripartito plantea modificar las leyes para que la marihuana con fines médicos y sin ánimo de lucro no sea sancionable

14.03.2018 | 13:18
Diputados de PSPV, Compromís y Podemos, junto a asociaciones de cannabis en 2017.

El cultivo de cannabis para autoconsumo en casos terapéuticos y que no comporte ánimo de lucro podría ser legal si prospera una iniciativa de los tres partidos del Botànic en las Corts.

Lo regulación sobre estas cuestiones depende de Madrid. Pero lo que mayoría parlamentaria valenciana busca es aprobar una iniciativa para solicitar que se flexibilice la norma sobre estupefacientes en casos como el uso terapéutico.

PSPV, Compromís y Podemos (el Pacte del Botànic) han propuesto la creación de una comisión especial en las Corts para estudiar cómo garantizar el acceso al cannabis a usuarios terapéuticos, de forma que puedan cultivar legalmente la sustancia para su consumo.

Por eso quieren que una comisión escuche a médicos, psicólogos, trabajadores sociales especializados y asociaciones de usuarios de cannabis, unas 50 en la Comunitat Valenciana, y también a colectivos de enfermos para los que sea recomendable el uso del cannabis, tanto para la propia enfermedad como para mitigar efectos de tratamientos invasivos.

La comisión deberá estudiar la función del autocultivo ante los problemas legales que ahora comporta, así como los beneficios sociales que puede acarrear en el ámbito de la salud, de la recaudación tributaria o de los puestos de trabajo.

El tripartito quiere que las Corts insten a las asociaciones cannábicas de la Comunitat Valenciana a establecer mecanismos de autorregulación, reglamentos de régimen interno, código de buenas prácticas y a colaborar con la administración mientras no exista un marco legal que regule su actividad. Además, la idea es que las Corts implique al Consell para que, a su vez, inste al Gobierno a flexibilizar la regulación para facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis allí donde esté demostrada su eficacia o si el facultativo los considera indicados.

Los firmantes recuerdan que la ley de protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley Mordaza, no prevé sanción para los cultivos que no sean visibles y que el Tribunal Supremo reconoce que el cultivo para autoconsumo no tiene trascendencia penal.

Si el Gobierno aceptara la petición de las Corts, donde la izquierda tiene mayoría absoluta, se deberían modificar la ley de Estupefacientes, de 1967, y la del Medicamento, de 2006.

La regulación es una realidad
En el contexto general, el tripartito recuerda que las propias Naciones Unidas han flexibilizado el consenso prohibicionista que ha regido históricamente sobre esta cuestión. También apuntan a la existencia de una opinión pública especializada favorable a regular la realidad de ciertas drogas, como el cannabis al constatarse el fracaso de las políticas prohibicionistas que no han reducido el consumo de estupefacientes ni su oferta.

En Estados Unidos hay unos treintena de estados que han regulado el cannabis medicinal. De la misma forma, Chile, Colombia, Puerto Rico o Alemania implantaron vías licitas de acceso al cannabis medicinal.

En España han proliferado desde hace veinte años asociaciones que han desarrollado redes de distribución privadas impulsadas por los consumidores e inspiradas en principios éticos, como la reducción de riesgos, la cooperación con las administraciones, el cumplimiento de obligaciones tributarias y la creación de puestos de trabajo dignos.

Tres asociaciones de consumidores de cannabis fueran condenadas por el Tribunal Supremo, que, dando una nueva interpretación al artículo 368 del Código penal, diferente a la de la mayoría de audiencias provinciales, decidió condenarlas aunque con penas que no implicaban el ingreso en prisión.

Aun así, el mismo Tribunal Supremo en la sentencia dictada por su pleno hace una llamada al legislador para establecer una regulación clara para estas asociaciones, que ya son más de mil en toda España, además del mencionado medio centenar en la Comunitat Valenciana.

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