14 de marzo de 2018
14.03.2018

El Consell acudirá al TC si Montoro recorta ventajas al funcionariado valenciano

Bravo exige al ministro que se liberen las ofertas y permita aplicar la jornada de 35 horas semanales

14.03.2018 | 08:44
El Consell acudirá al TC si Montoro recorta ventajas al funcionariado valenciano

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, avanzó ayer que la Generalitat recurrirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno impide aplicar a los empleados y empleadas públicas algunas de las mejoras laborales que el Ministerio de Hacienda y Función Pública negocia para la plantilla pública estatal.

En concreto, tal como avanzó ayer Levante-EMV, el funcionariado de la Generalitat puede quedarse fuera de algunas de los beneficios acordados con los sindicatos, como la aplicación de la jornada de las 35 horas o más manga ancha en las convocatorias de ofertas de empleo público. El motivo es una cláusula incluida en el acuerdo que limita estas ventajas a las comunidades, como la valenciana, que no cumplen las reglas de gasto, déficit y deuda.

Bravo se quejó de lo que considera una «discriminación» para la Comunitat Valenciana ante la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado Martínez, durante la reunión que ambas mantuvieron ayer en la sede del ministerio. «Llevaremos al Tribunal Constitucional el proyecto de ley de Presupuestos si, una vez más, el Gobierno central castiga a la Comunitat Valenciana con un efecto colateral de la infrafinanciación, porque no podemos cumplir con el objetivo del déficit si no tenemos los recursos necesarios para ello», denunció la consellera.

Bravo recordó que la conselleria no tiene un problema de exceso de gasto sino de ingresos debido «a un sistema de financiación injusto que escamotea a los valencianos lo que les corresponde por población y actividad económica, tanto en transferencias corrientes como en inversiones». «Es lamentable que el Gobierno central esté instrumentalizando el control del déficit en perjuicio de algunas autonomías», señaló.

Para la consellera este acuerdo sitúa al funcionariado valenciano en una situación de «manifiesta desigualdad» por el hecho de trabajar en la Comunitat que les perjudica para llevar a cabo jornadas laborales compatibles con la plena conciliación familiar. Además, alertó de que la reducción de tasas de reposición de vacantes frenará la necesaria regeneración de una plantilla que tiene elevada tasas de envejecimiento.

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