La mancha del fraccionamiento de contratos se extiende también al ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, que preside el diputado autonómico de Compromís, Jordi Juan. Un informe de la interventora, elaborado a raíz de la petición de documentación del grupo popular, ha puesto al descubierto la existencia de irregularidades en los contratos menores para la gestión de la conserjería de la piscina municipal. El informe es demoledor ya que revela la «existencia de un fraccionamiento ilegal» ya que al menos desde 2012 se han estado emitiendo facturas por un mismo concepto y proveedor y por cuantías de 3.600 euros, de tal manera, que se sorteó el concurso público.
En su conjunto el PP cifra en 66.000 euros el dinero que se ha ido pagando a la empresa beneficiara por adjudicación directa. La Intervención admite que en ocasiones el órgano de contratación acude al fraccionamiento para facilitar la gestión de servicios, a veces, por inercia. Sin embargo, este caso «refleja una ausencia total del procedimiento de contratación» y concluye que los contratos son nulos.
El PP además subraya que los contratos han recaído en una empresa de la que es parte un hermano de la concejala de Compromís de contratación, Llum Sansaloni. El PP ha aireado esta irregularidad coincidiendo con los frentes que diferentes dirigentes de Compromís, entre ellos la vicepresidenta Mónica Oltra o el concejal Pere Fuset tienen abiertos por fraccionamiento de contratos.
El informe de la interventora iba a ser visto en el pleno del ayuntamiento, pero el alcalde lo retiró de la sesión al argumentar que había solicitado nuevos informes. Una maniobra de ocultamiento, en palabras de la portavoz del PP, Eva Palomares.
No es la primera vez que el también diputado autonómico se ve envuelto en una polémica por su gestión como alcalde. Juan estuvo en el punto de mira por tratar de cargar al erario público las dietas de viaje a Atapuerca con otro concejal y sus respectivas parejas. El PP fue a la fiscalía, pero el caso se archivó. Ahora medita si llevar el fraccionamiento a la Justicia.
El gobierno local dice que desconocía la ilegalidad
Por otra parte, el gobierno local admitió los hechos, aunque remarcó que la ilegalidad se ha sabido ahora pese a que se venía produciendo desde 2011. Indicó que ya está adoptando medidas para evitarlo.
Según su explicación no existe un informe de ilegalidad anterior y se ha ordenado un estudio «más detallado» que permita determinar si en otras contrataciones directas también se está incumpliendo la ley, «con el ánimo de corregirlo».
