El alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, abrió el pasado jueves una brecha con sus socios de gobierno de Compromís y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Sagredo, con apoyo del PP y Ciudadanos, suspendió las licencias asistenciales para poder instalar un centro de acogida de menores en la urbanización de Montecañada (Paterna). Oltra respondió al día siguiente: «Ha cometido una barbaridad incivilizada y antidemocrática», afeó. Y, en medio de esta vorágine, hay alrededor de 1.200 menores en la Comunitat Valenciana «sin amparo» que necesitan un acogimiento residencial. ¿Quiénes son y a dónde van?

Entre estos menores en situación de desamparo, según explica la conselleria, se incluyen desde aquellos que son hijos de una mujer víctima de violencia machista asesinada, hasta hijos de drogodependientes, menores inmigrantes sin familia cercana u otros con problemas de conducta en su entorno más cercano. Es decir, son aquellos menores de 18 años que no tienen una familia que pueda encargarse de ellos. Ninguno de ellos ha sido condenado por un juez por un delito grave: éstos van a un centro de reeducación, como el ubicado en Godella, donde sí se les priva de libertad.

Una vez el juez les ha concedido la condición de «desamparo», la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas les proporciona una medida de protección para su desarrollo e inserción social: el acogimiento residencial bajo su tutela. Para ello, la conselleria cuenta con una red de centros -públicos, concertados y privados- de protección de menores de distintos tipos y con diferentes necesidades entre los que destacan los centros de recepción de menores y los centros de acogida. Ambos son de régimen abierto y en ninguno de ellos se les priva de libertad a los menores.

Moteolivete, Buñol, Llíria...

Los menores en cuestión pasan por una primera fase en un centro de recepción -también llamados de primera acogida-. Allí se quedan mientras se completa el estudio de su situación personal, social y familiar para derivarlos al lugar adecuado. El de Monteolivete era un centro de este tipo, que fue trasladado por sus deficiencias a Buñol. El año que viene está previsto que vaya a parar a Llíria, donde desde inicios de este año se suceden diversas manifestaciones apoyadas por el PP en contra de su instalación en la capital edetana. Allí, el alcalde, Manolo Civera, también socialista, no ha reculado y mantiene el proyecto en pie. Hay siete centros de este tipo en la Comunitat Valenciana.

En principio, los menores no deben estar más de 45 días en estos centros y no debe haber más de 30 usuarios al mismo tiempo, aunque la conselleria reconoció que por falta de personal en «ocasiones excepcionales» se ha superado este período de tiempo y de menores. En su defensa, la propia conselleria asegura que en el último año ha aumentado en un 26 % su presupuesto en el nuevo modelo residencial al alcanzar los 40,7 millones de euros y ha incrementado la ratio de profesionales por niños de 1,05 a 1,70.

La prioridad es que estos menores vuelvan con sus padres o familias extensivas (tíos, abuelos...). Si no se dan las condiciones oportunas se les destina a una familia de acogida, un piso tutelado o un centro de acogida. El centro programado para Paterna, y que ha sido bloqueado por el ayuntamiento, es de acogida. Hay 60 en toda la Comunitat Valenciana, que están emplazados en alrededor de medio centenar de localidades, y están especializados en distintas necesidades: para menores de 0 a 6 años, atención específica, formación terapéutica, menores embarazadas, acogida funcional...

Aunque lo más conveniente es que sus usuarios tan solo residan allí dos años, pueden hacerlo hasta que cumplan los 18. Cada seis meses se revisan sus expedientes para ver si pueden volver a sus familias o si requieren otro tipo de prestación. La conselleria quiere que ninguno de estos centros albergue a más de 24 niños. El previsto en Paterna tenía capacidad para solo 18, pero de momento todavía está en el aire que se convierta en una realidad.