El Defensor del Pueblo ve «imprescindible» contar con datos de cada cárcel española para conocer en qué centros penitenciarios los reclusos afectados por hepatitis C estarían teniendo problemas de acceso a los medicamentos antirretrovirales que garantizan la curación.
Así se recoge en el informe anual 2017 presentado ayer por la institución y en el que se hace un repaso estadístico y temático de los 25.776 expedientes tramitados: 24.976 quejas ciudadanas, 760 actuaciones de oficio y 40 peticiones de recurso ante el Tribunal Constitucional.
La cuestión de si la población reclusa española afectada por el virus de la hepatitis C está accediendo de manera igualitaria a los tratamientos como la población en libertad ha merecido el estudio del Defensor del Pueblo.
En su informe de gestión, el defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, recoge las explicaciones que ha aportado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias asegurando que el acceso es igualitario. Frente a ello, Fernández Marugán asegura que la «realidad muestra» que no es así y que estar en el cárcel afecta «negativamente» por ejemplo, al perder citas ante los especialistas por depender de unidades policiales que trasladen a los enfermos a los hospitales.
«La realidad es que en la práctica encontrarse privado de libertad también a estos efectos es una circunstancia negativa», se asegura en el informe de ahí que se vea como «imprescindible» tener datos «de cada centro penitenciario» para saber en cuáles podrían estar «produciéndose retrasos» que aconsejen la adopción «de medidas específicas».
El pasado año, precisamente, la Coordinadora de Asociaciones de VIH de la Comunidad Valenciana (Calcsicova), denunció los problemas de los presos de Alicante II -en Villena- para acceder a los tratamientos por la falta de conexión de la prisión al sistema externo de atención Primaria Abucasis.
Desde la plataforma aseguraban que había internos que habían llegado a renunciar a los fármacos ya que Instituciones Penitenciarias les obligaba a trasladarse a Picassent para ello. El retraso en el traslado de competencias en materia de sanidad penitenciaria -que también está detrás de este problema en la C. Valenciana- es, precisamente, otro de los temas tratados por el Defensor del Pueblo el año pasado.
La institución tramitó 25.776 expedientes, la gran mayoría de ciudadanos. De ellos, 554 fueron quejas por temas relacionados con la sanidad.
