La reforma del estatuto de expresidentes, la norma que regula los privilegios de quienes han ostentado la máxima representación política de los valencianos, volverá a debatirse en las Corts Valencianes. Lo hará con el visto bueno del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra, que acaba de dar su criterio favorable a la admisión de la propuesta de reforma de Podemos.
El debate se abre por segunda vez esta legislatura tras fracasar el primer intento de reforma en 2016 después de que PSPV y PP se unieran para rebajar al máximo la iniciativa podemita de eliminar las prerrogativas de los expresidentes. Tan descafeinada quedó que hasta Podemos, que era el proponente, decidió no apoyarla.
Pero ahora, el partido morado quiere evitar que los expresidentes formen parte del Consell Jurídic Consultiu (solo Francisco Camps se ha integrado en este órgano ya que el resto de exjefes del Consell nunca se ha acogido) y propone que pasen al Consejo Económico y Social (CES) por un período improrrogable de cinco años.
Aunque es complicado que se pueda forzar la salida de Camps del Jurídic, incluso aunque la iniciativa prospere, lo cierto es que la propuesta de Podemos de reformar la ley supone una ofensiva en toda regla contra el expresidente.
Camps acumula ahora tres investigaciones judiciales abiertas por los casos Valmor, Fórmula 1 y la visita del Papa y, además, la Audiencia Nacional investiga también las acusaciones que lanzó su exnúmero dos en el PPCV, Ricardo Costa, en el juicio por la financiación ilegal de los populares.
La iniciativa de Podemos contempla que una mayoría reforzada de las Corts (66 diputados) pueda revocar los privilegios a los expresidentes en caso de condena firme, algo que ahora no recoge el estatuto, por lo que en algún momento podría afectar a Camps ya que el expresidente tiene derecho a permanecer en el Jurídic hasta 2026, es decir aún le quedan ocho años por delante al cumplir siete de los 15 que recoge la ley.
Camps percibe unos 58.000 euros brutos anuales y, hoy por hoy, su presencia en ese órgano depende exclusivamente de su propia voluntad.
De hecho, Camps ya hizo oídos sordos a la resolución aprobada por las Corts el pasado 24 de enero para exigirle su salida del Jurídic por amplia mayoría, con los votos de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos. Fue justo después de la declaración inculpatoria de Ricardo Costa y los populares se abstuvieron entonces al asegurar que la dimisión o no de Camps obedece a una decisión personal.
Abordar la reforma
Pero en aquel debate , los populares aseguraron que están dispuestos a llegar hasta el fondo y plantearon incluso abordar la reforma de las leyes de creación del Jurídic y del propio estatuto de expresidentes, dejando entrever que el que no quiere es el PSPV porque el próximo en convertirse en expresidente será, en algún momento, el socialista Ximo Puig y por eso los socialistas no están dispuestos a abordar esta reforma.
De hecho, en el PSPV defienden la necesidad de que los expresidentes tengan derechos tras su paso por el Consell porque consideran que ninguno de ellos está en condiciones de regresar a la vida laboral porque su cargo es incompatible con casi toda la actividad privada.
Así, los socialistas sostienen que dotar a los expresidentes de sueldo, minioficina y conductor no tiene porqué ser un problema.
Visto bueno del Consell al debate
Por eso, el debate que se va abrir ahora en las Corts da sobre el papel pocas posibilidades de éxito a la iniciativa de Podemos si el PSPV decide desmarcarse otra vez.
Pese a que los socialistas son reacios, la iniciativa de Podemos cuenta de momento con el visto bueno del Consell (PSPV y Compromís) a la toma en consideración. El escrito de criterio favorable enviado a las Corts, con la firma de la vicepresidenta, Mónica Oltra, considera que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley de estatuto de los expresidentes, en 2002, se estima oportuno abrir el debate parlamentario sobre la propuesta de Podemos, con el objetivo de reflexionar sobre los derechos y prerrogativas que conforman el estatuto de los expresidentes.
Pero en el trasfondo del debate está Camps que pese a las tres imputaciones recibe como salario público los mencionados 58.000 euros, a los que hay que añadir el sueldo de la secretaria personal (48.000 brutos), y el de su chófer (otros 34.000 euros).
