Divalterra suelta lastre. La empresa pública comunicó ayer la «supresión» de cuatro áreas de dirección con sus respectivos altos cargos. Se trata de Soledad Torijo, directora de Medio Ambiente; Josep Lluís Melero, de Promoción Económica e Innovación; Raúl Ibáñez, de Administración General, y Manuel Carot, de Gestión Forestal y Medio Rural. Todos ellos fueron nombrados por la gerencia y no por el consejo de administración, y pertenecen a Compromís excepto Carot, que es una designación del PSPV.

Además de los cuatro destituidos, Víctor Jiménez renuncia al cargo de jefe de Estudios y Planificación en Divalterra. El actual alcalde de Rocafort volverá un mes después al puesto de coordinador de los asesores socialistas en la diputación, al lado del presidente, Jorge Rodríguez. Es el segundo de los afines al titular de la corporación que abandona días después de su designación por el consejo de administración de Divalterra. El otro fue Lucas Ferrando, que no llegó a tomar posesión de su puesto por un problema de reserva de su plaza actual en la docencia.

Así, de los ocho altos cargos con los que contaba Divalterra solo quedarán tres: Agustina Brines y Xavier Simón como cogerentes y José Luís Vera (con una baja médica de larga duración) como jefe de servicios jurídicos.

La de ayer es la cuarta remodelación desde julio de 2015 en la empresa pública, la antigua Imelsa, famosa por ser uno de los grandes agujeros de corrupción durante la etapa del PP según los informes policiales. El primer cogerente del PSPV, José Ramón Tiller, fue sustituido por Víctor Sahuquillo, de la total confianza de Rodríguez, en febrero de 2016. Pero tuvo que dimitir en diciembre tras el escándalo por los gin-tonics cargados a la empresa. Rodríguez hablaba un año después de tomar un mayor control político y designaba tercer cogerente, Simón. Él y Brines quedan solos ahora.

La decisión se adopta después de la polémica por la forma de las últimas contrataciones de altos directivas. Estaban avaladas por un informe final del secretario del consejo, pero existían estudios previos contradictorios. Los cuatro puestos ahora eliminados (se van a la calle) debían renunciar para ser nombrados por el consejo. La empresa ha optado por evitar cualquier problema jurídico. Pretende dar un ejemplo de «ética», ya que ocho altos cargos hubiera supuesto multiplicar la barrera de tres que permite las conselleries, según la versión oficial.