n Los responsables políticos y religiosos de la Comunitat Valenciana en vísperas del viaje de Benedicto XVI en 2006 a València desarrollaron una estrategia para capitalizar la visita del pontífice y trataron de evitar que el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero se ocupara hasta de la seguridad, competencia exclusiva del Ejecutivo de España al tratarse de un jefe de Estado.
El acoso sin cuartel al Gobierno
socialista
Para enmascarar con espesas cortinas todo lo relacionado con la visita papal prosiguió la guerra «sin concesiones» al Gobierno socialista del Estado español. El entonces arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, negó la evidencia en otra falsa polémica a fin de favorecer sus posiciones. Mientras seguía avivando el fuego contra TVE, el 28 de febrero de 2006, publicó una nota oficial negando que el presidente Rodríguez Zapatero hubiese invitado al papa, con la pretensión de rectificar al secretario de Estado, Fernando Moraleda, que había tratado de apaciguar los ánimos desatados, señalando el interés del presidente del Gobierno en la visita de Benedicto XVI.
El arzobispo y su entorno del PP confesional descargaron la artillería más pesada para intentar desmentir al Gobierno con la pintoresca aclaración de que fue en 2003 cuando Juan Pablo II expresó su deseo de venir a València y el 17 de mayo de 2005 cuando Benedicto XVI ratificó la elección de València como sede del Encuentro. El palacio arzobispal ocultaba la verdad: en la audiencia oficial de carácter privado que el papa concedió el 5 de septiembre de 2005 en Castel Gandolfo, los Reyes de España invitaron oficialmente a Joseph Ratzinger a visitar España, mediante una carta del propio presidente del Gobierno español, como es preceptivo en los usos y protocolos de la Santa Sede. El papa, como jefe del Estado Vaticano ha de ser obligatoriamente invitado por el Estado que le recibe, y, en su nombre, por el presidente del Gobierno: otra cosa diferente es quién proyecta los viajes papales, que son los dicasterios romanos, la conferencia episcopal correspondiente y el obispado afectado. En aquella audiencia real, en un gesto de buena voluntad de la Moncloa, además de la invitación de Zapatero, los reyes llevaron también un breve saludo del president de la Generalitat, que, como se sabe, no tiene competencia alguna en las relaciones entre los estados.
Con este ataque García-Gasco y la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias aspiraban a que el papa no se entrevistase con el presidente «rojo» del Gobierno. Por ello, se insistía en que una entrevista no tenía sentido, dado el carácter pastoral del viaje. La propia Secretaría de Estado vaticana tuvo que intervenir con un toque de atención, pidiendo moderación al arzobispo. En ese momento el aparato mediático y político arzobispal empezó a cargar directamente contra el presidente del Gobierno, atribuyéndole la idea de que exigía que el papa le visitase en Madrid para evitar acudir a València por un supuesto «temor a las críticas de los asistentes disconformes con sus políticas». Con ello también se animaba avant la lettre a que se congregasen los radicales católicos a abuchear al presidente socialista (como de hecho ocurrió en el momento de visitar Zapatero a Ratzinger, gracias a los pases y credenciales que facilitó el arzobispado a grupos ultraderechistas y fundamentalistas).
Este bulo se montó a partir de la conversación del ministro Moratinos con el cardenal Sodano, celebrada el 17 de febrero de 2006, en la que señaló que si el papa decidía visitar también Madrid y Navarra -una posibilidad que estudiaban la Conferencia Episcopal Española y el propio Vaticano, no el ejecutivo de Zapatero- al Gobierno le parecería «excelente», aceptando de antemano cualquier programa del viaje papal, diseñado por el Vaticano y la Conferencia Episcopal. Por ninguna «cabeza gubernamental pasó nunca tan desaforada idea de obligar al papa a ir a Madrid por ser contraria a las prácticas protocolarias, diplomáticas e institucionales», señalaron, en aquel momento, fuentes del Gobierno de España. Al contrario, seguían: «Es el presidente quien ha viajado y viaja donde va el papa, y más recibiéndole los reyes, no hay ninguna duda».
Cuando la Secretaría de Estado vaticana puso orden, la propia fundación político-religiosa del encuentro tuvo que desdecirse, eso sí, con un nuevo requiebro: pidiendo respeto «para evitar que la multitud reciba al presidente con una pitada». No obstante, la derrota se quiso paliar, desde la maquinaria de comunicación, presentando como una humillación el hecho de que Rodríguez Zapatero tenía que acudir al palacio arzobispal para saludar y ser recibido por Benedicto XVI, como quien va a Canosa.
Alejar los testigos incómodos
incluso en la seguridad del papa
La apuesta de la fundación político-arzobispal era que un concejal de València, que había anunciado que «recurriría a policías de fuera» para la visita, coordinara tota la seguridad del papa y del evento. De nuevo la excusa fue el presunto carácter «pastoral» del viaje. Sin embargo, el Estado no podía hacer dejación de la seguridad de un jefe de Estado, que es de su exclusiva competencia. «No es un capricho. El Gobierno español está obligado a garantizar la seguridad de Su Santidad desde que baja del avión hasta que sube al aparato. Es imposible hacer una dejación de funciones de esta calaña», señalaron entonces los representantes gubernamentales, que añadieron: «Es la primera ocasión que alguien pone en entredicho nuestro papel de forma tan irresponsable y anticonstitucional. Ni que València fuera una nación independiente». Tanto la presidencia de la Conferencia Episcopal como la Nunciatura del Vaticano intervinieron para desautorizar al PP y a la curia valentina, y recordar que el ejecutivo español tenía que «ocupar su lugar» y hacer votos para que la visita a València del papa «no se vea envuelta en un ambiente de crispación». Ante esta reprimenda, el propio presidente Camps tuvo que rebajar la tensión y aparentar que tendía la mano al Gobierno.
Sin embargo, el arzobispo siguió insistiendo (6-6-06) en acosar y ahuyentar al Gobierno, acusándolo de querer «controlar la visita del papa», defendiendo él «la capacidad organizativa de las instituciones políticas valencianas». El prelado denunció, además, como «intromisión intolerable» la competencia exclusiva de la Presidencia del Gobierno de acreditar a los periodistas en los actos en que estén presentes los reyes o el Gobierno.
El arzobispado quería identificar y autorizar a los informadores incluso en los actos con las autoridades del Estado. Esta intromisión del arzobispado se trató de disimular con una nueva denuncia del «proceder y las presiones continuas de los delegados del palacio de la Moncloa sobre la organización del Encuentro Mundial de las Familias primero para forzar la concesión de la señal institucional a TVE y ahora para conseguir el derecho a acreditar a los medios de comunicación» (15-6-06).
Para mantener la tensión contra el Gobierno español, García-Gasco no dudó en confundir un congreso sobre diversidad familiar en Europa, celebrado en la Universitat de València y subvencionado por el Ministerio de Trabajo, con la fiesta del orgullo gay, organizada por el Col.lectiu Lambda desde ya hacía varios años. Mediante este intencionado embrollo pudo acusar al Gobierno, (17-6-06) de pagar «una fiesta gay junto a la catedral de Valencia» y atacar a Zapatero afirmando que «si tan interesados dicen estar por la Alianza de Civilizaciones, podrían empezar por no agredir con sus injurias subvencionadas a la civilización cristiana». Al mismo tiempo exigía que se rechazaran las actitudes y grupos que «están llevando su libertad ideológica más allá de lo que es admisible», acusando al ejecutivo socialista de los «ataques a la familia» y las «desconsideraciones y burlas contra el Santo Padre».
El entonces arzobispo de València no desistió en ningún momento de su estrategia de la tensión y hostigamiento. Así, el 8 de marzo de 2006 tronaba contra el ejecutivo de España con que «la legislación española sobre el matrimonio es mentirosa, sectaria y radical» y el día del Corpus Christi (15-6-06), jornada de la caridad, predicó que «las familias sufren malos tratos por parte de las autoridades» del Estado español. Tampoco fueron prudentes o pudorosos los demás miembros del equipo organizador del viaje papal, al menos en los días previos a la visita. El presidente de la fundación y de la Generalitat, Francisco Camps, acusó a Zapatero de buscar sólo una foto con el papa. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reprochó «la obcecación y tacañería del Gobierno de Zapatero» con los fastos de la Copa del América. El coordinador del evento y conseller de Agricultura, el opusdeista Cotino, acusó a Rodríguez Zapatero de «frenar» a la Comunitat porque «no tiene ganas de que siga adelante».
Con todo ello, en vísperas de recibir al papa se seguía intentado acrecentar la virulencia y se aumentaban la ambigüedad y los malos entendidos ante un viaje «pastoral», blindado por el PP, adjudicado a la trama de corrupción Gürtel y organizado por muy significados políticos apenas un corto año antes de las elecciones, en plena precampaña electoral.
Contrastan tanto desvelo, atenciones y millones de euros públicos para el encuentro de las familias católicas con el nada evangélico trato y escandalosa desconsideración de los mismos protagonistas con las familias y las víctimas de uno de los más dramáticos accidentes del metro a escala mundial, ocurrido casi simultáneamente, con 43 muertos y 47 heridos.
