n El Gobierno de España no tiene intención de aplicar una quita de la deuda a autonomías como la valenciana, la más endeudada de España en función de la riqueza que genera, porque considera que las deudas tienen que pagarse, pero no descarta una reestructuración según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la presentación de los presupuestos por parte del Consejo de Ministros de cara a su trámite parlamentario.

El Gobierno cree posible que poco a poco puedan retirarse los mecanismos que permiten ahora que llegue financiación como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el fondo de proveedores para que las autonomías puedan de nuevo financiarse en el mercado. Mientras, el Gobierno inicia el trámite de sin resolver uno de los grandes problemas para el mantenimiento de los principales servicios públicos: la financiación autonómica. Sin garantía de votos suficientes para aprobarlos en el Congreso por la crisis catalana e incumpliendo el compromiso de Mariano Rajoy de poner en marcha el nuevo modelo de reparto en 2017, el documento presupuestario, aún pendiente de un largo e incierto trámite parlamentario, sólo recoge una partida de 4.300 millones para restituir el volumen de entregas a cuenta previstas hace ahora casi un año a todas las comunidades autónomas. Aunque, en la práctica, eso únicamente supone más o menos paliar el hachazo que Cristóbal Montoro decreto en enero a las cuentas de las comunidades y que, en el caso de la Generalitat, suponía un tijeretazo de 353 millones.

Así las cosas, al menos de momento, y después de los excelentes datos de gestión económica del Consell con el control del déficit, la Comunidad Valenciana se tendrá que apañar con menos dinero del que le correspondería. Las entregas a cuenta, adelantos de fondos que concede el Estado a los gobiernos autonómicos, no cubren, en ningún caso, las necesidades de la Generalitat, la autonomía peor financiada junto a Murcia de toda España. Supone sólo un parche. Son cantidades económicas inferiores a las que reclama la Comunidad Valenciana en el supuesto de que el sistema de financiación autonómica -caducado hace ahora más de cuatro años- y, por tanto, menores a las que tendrían que ingresar las arcas de la Generalitat con un modelo de distribución justo y equitativo.