A un año de elecciones autonómicas el panorama político en la Comunitat Valenciana se ha enturbiado. Y mucho. Es un hecho comprobable en las hemerotecas que la recta final de toda legislatura se embarra conforme se acerca la cita con las urnas, y esta, la del cambio político, no será una excepción. La denuncia que en 2016 presentó el PP contra PSPV y Bloc por supuesta financiación irregular ha tenido un recorrido judicial que añade más barro a un mandato en que los asuntos de corrupción han formado parte central de la agenda política. El asunto, además, ha sacudido la agenda valenciana y ha abierto una ventana de oportunidad para que unos y otros ajusten cuentas pendientes.
Hasta esta semana, el PP valenciano que dirige Isabel Bonig había sido el más perjudicado por el vía crucis judicial por el que han pasado y pasarán quienes hace años lo fueron todo en el partido de la gaviota. Por muchos esfuerzos que la nueva dirección regional del PP ha hecho para desmarcarse de etapas pasadas, el estigma de la corrupción no les abandona. Ahora, sin embargo, han conseguido gracias a la denuncia presentada ante la policía en 2016, que la sombra de la sospecha se extienda a los partidos que sostienen el Consell: PSPV y Bloc, pata fundamental de Compromís. La investigación abierta a ambos partidos por cuatro juzgados distintos supone, sin duda, un balón de oxígeno para el PP, munición hacia al contrario que formará parte del argumentario popular por mucho tiempo.
Pero el PP no es el único que intenta sacar partido de un caso que, como admiten en privado muchos miembros del Ejecutivo, puede convertirse en el gran problema del Botànic a un año de elecciones. Las declaraciones de la vicepresidenta Mónica Oltra, desmarcándose del Bloc al asegurar que Compromís no existía en el momento que se investiga y marcando muchas distancias hacia sus compañeros de coalición, ha hecho a más de uno en las filas socialistas temer que Oltra aproveche la situación, para posicionarse, en detrimento de Puig, como la abanderada de la lucha contra la regeneración. Ella, como el president, tiene pasado (fue la número tres en la lista electoral autonómica por València de la campaña de 2007 que lideraron Glória Marcos y Enric Morera) pero sus vínculos con el Bloc y los dirigentes que están en el punto de mira son más lejanos. En un momento en que la figura de la vicepresidenta empezaba ya a sufrir el desgaste de la gestión en un área complicada, el revés para el socialismo puede impulsarla en la carrera por alcanzar la presidencia del Consell. En todo caso, parece claro que las tensiones que ya existían en el bipartito, propias de la gestión del día a día, difícilmente remitirán ahora.
Oltra, además, podría aprovechar la ocasión para socavar la influencia que cierto sector del Bloc, entre el que se encuentra el propio presidente de las Corts, Enric Morera, el más afectado por la investigación, tiene en Compromís. Es un secreto a voces que las costuras de la coalición se han aflojado ya que, una vez en el poder, las diferencias entre los socios (Iniciativa, Bloc y Verds) son cada vez más difíciles de conciliar. Algunas voces en Iniciativa llevan tiempo pensando que Compromís debería refundarse y dejar atrás al sector más nacionalista del Bloc, aunque ello supusiera una ruptura de este partido. Lo ocurrido ahora y que afecta a la imagen del Bloc, da a este sector más argumentos a favor de limpiar la coalición. Pero esa moneda tiene un reverso. En el Bloc también hay una corriente que piensa que tendrían opciones sin Oltra. Son los mismos que no acaban de ver que la vicepresidenta haya asumido todo el liderazgo en Compromís y que el Bloc no tenga un referente mediático a su altura. De hecho hay cierto sector en el Bloc que, tal como ha contado este diario, ha llegado a plantearse la opción de rebajar o incluso prescindir del liderazgo de Oltra en favor de otros dirigentes marcadamente nacionalistas pero también con cierto tirón como Joan Baldoví o el conseller Vicent Marzà, ante la posibilidad de que en algún momento Compromís pueda saltar por los aires. De hecho, la coalición nacionalista tiene aún abiertos todos sus frentes internos, como el reglamento de primarias para las elecciones de 2019, un proceso en el que aflora inevitablemente la tensión interna y el pulso entre los socios se acrecienta. Por eso, la posibilidad de que la investigación abierta por diferentes juzgados, que ha puesto lupa en las cuentas del Bloc, debilite a una parte en el difícil equilibrio interno será aprovechada por la otra, lo que supone un factor de desestabilización en Compromís.
Otro fuego amigo es el que se cierne sobre el jefe del Consell, Ximo Puig, que podría enfrentarse al que proviene de Ferraz. La dirección del PSOE elegida el pasado verano, comandada por el secretario general, Pedro Sánchez, y con el valenciano José Luis Ábalos como número dos, ya intentó meses atrás descabalgar al presidente de la Generalitat del liderazgo del PSPV al lanzar una candidatura alternativa a la secretaría general en el congreso autonómico, propiciando el primer envite orgánico de los socialistas valencianos a un presidente de la Generalitat en la historia. No lo consiguieron. Pero esa factura quedó latente. Además, algunos de los más cercanos colaboradores del presidente de la Generalitat, como el exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, hoy asesor en Presidencia, o el síndic adjunto en las Corts, Alfred Boix, que fue secretario de Organización del PSPV hasta hace unos meses, se ven salpicados porque colaboradores suyos en el Ayuntamiento de la capital de la Safor aparecen en la investigación abierta. Y no es un secreto la mala relación que existe ahora entre Ferraz y los conocidos internamente como el clan de Gandia, por lo que Ábalos y Pedro Sánchez podrían exigir cabezas llegado el caso. Orengo y Boix fueron muy activos en las primarias socialistas en favor de Susana Díaz, la gran rival de Sánchez. Sin embargo, también el entorno de Sánchez puede verse afectado ya que en la investigación aparecen contratos con empresas públicas del Ministerio de Medio Ambiente en tiempos de Cristina Narbona, hoy una de las personas, junto a Ábalos, más cercanas a Pedro Sánchez.
Otro ajuste de cuentas interno podría producirse en el Pacte del Botànic. Podemos está obligado a marcar distancias en las próximas semanas con sus dos socios, PSPV y Compromís, a los que sostiene en la Generalitat. Incluso, si la situación judicial se complica, Podemos podría soltar amarras. Si políticamente ya ha intentado en los últimos meses mostrar un discurso propio sustentado en el reproche a sus socios de falta de valentía para poner en marcha políticas más atrevidas, su continuidad en el Pacte del Botànic con una causa judicial abierta por corrupción sería difícil de sostener para los podemistas que se alejarían irremediablemente. A un año de las elecciones no dejarán caer al Consell en las Corts, pero sí que ajustarán cuentas en las comisiones de seguimiento del pacto. De hecho, Podemos ya estudia la forma de personarse en la causa abierta y cree que la situación creada por la investigación a las finanzas de PSPV y el Bloc pone en peligro los avances de estos años en las políticas del Botànic. Incluso cree que se pone en solfa la legitimidad misma de ambas formaciones ante la opinión pública porque uno de los ejes básicos del pacto es precisamente la regeneración democrática. Por eso, Podemos va, de momento, a exigir explicaciones a través de preguntas en sede parlamentaria y en las comisiones de seguimiento del Pacte del Botànic, pero el futuro del pacto queda en entredicho y más en año electoral.
Aún hay otro ajuste de cuentas pendiente. El de Esquerra Unida con sus exsocios del Bloc. Con ellos compartieron alianza electoral autonómica en 2007 y aquel pacto acabó como el rosario de la aurora. La ruptura fue tan grave que hasta pasada casi una década, cuando ambas formaciones volvieron a verse las caras en las generales de 2016 dentro de la coalición A la Valenciana, no logró recomponerse una mínima relación. Por eso, la exigencia estos días que EUPV ha lanzado al Bloc para que dé explicaciones sobre sus cuentas se entiende mejor con la clave de lo que pasó hace diez años. EU ha exigido ahora al Bloc que no haga como el PP y niegue la mayor. Un ataque en toda regla.
