Si Milagrosa Martínez, la expresidenta de las Corts y exconsellera de Turismo condenada a 9 años de prisión por amañar contratos de Fitur en beneficio de la red corrupta Gürtel, albergaba alguna esperanza en la vista que ayer se celebró en el Tribunal Supremo para valorar su recurso de casación y el de los otros diez condenados en este proceso, el desarrollo de la sesión no le deparó a ella, ni al resto, muchos motivos para la alegría.

La Fiscalía, quien no había interpuesto recurso contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana, sí aprovechó su turno para arremeter con especial dureza contra la exalcaldesa de Novelda, a la que situó a la cabeza de la trama criminal auxiliada en todo momento en su actividad delictiva por los cuatro técnicos de la Generalitat también condenados, con los que tampoco tuvo miramientos y para los que pidió un incremento de las penas de cárcel de en torno a los dos años. Un aumento que en el caso de la exregidora únicamente le afectaría, de acordarlo el tribunal, para incrementar los 27 años de inhabilitación a los que está condenada.

Fue el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, que ayer se estrenó en el Supremo en una vista de estas características, quien arremetió sin piedad contra la exconsellera, de la que dijo que «tomaba las decisiones y autorizó que la trama de Correa cobrara cantidades que no debían procedentes de fondos públicos».

Frente a una solvente defensa de la inocencia de la exconsellera de la que se ocupó el abogado José María López Coig, basada en la falta de pruebas que la incriminaran en los delitos de prevaricación y malversación, el acusador público fue tan letal como telegráfico. Había una relación fluida entre Álvaro Pérez y la expolítica (su abogado recalcó que en tres años y medio sólo compartieron un menú de 9 euros), cambió el modo de contratar nada más llegar a la conselleria, facilitando esos amaños, y recibió un reloj de la trama, lo que le valió otra condena por cohecho aunque sólo se habla del regalo, precisó el letrado, para decir que le van a comprar otro a su sucesora, Angélica Such, quien salió absuelta. Algo que López Coig considera un «agravio comparativo».

Más duro que con los miembros de la red Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el acusador público rebatió que él único delito de los técnicos condenados (Rafael Betoret, Jorge Guarro, Isaac Vidal y Ana Grau) hubiera sido mirar hacia otro lado. De estos trabajadores públicos (que se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión si no hay incremento) aseguró que fueron «cooperadores absolutamente necesarios de una trama criminal», agregó el fiscal antes de describir la Agencia de Turismo como «un servicio público en manos privadas» donde los técnicos ahora condenados trabajaban para Correa y sus hombres. Hizo también una mención especial a Rafael Betoret, cuyo abogado alegó que quien ya había sido condenado por los trajes de Camps no podía ser castigado en otra pieza. «Si aquel proceso no se hubiera separado la pena no habría sido una multa sino la cárcel», espetó el acusador.