Los Presupuestos Generales del Estado vuelven a marginar, por segundo año consecutivo, al transporte de València. La partida de transferencias corrientes para las subvenciones y apoyo al transporte terrestre omite a la Autoritat Metropolitana del Transport, impulsada por la Generalitat Valenciana en 2017 y que incluye a sesenta municipios. Madrid recibirá del Estado 126, 9 milllones, Barcelona109,3 millones y Canarias, cuyo voto ya fue decisivo para sacar adelante las cuentas de 2017, se lleva 47,5 millones para la financiación del transporte regular de viajeros en las distintas islas. En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, el transporte metropolitano de Sevilla recibe 6,4 millones y el de Málaga, 5,5, mientras que la T2, ahora reconvertida en el L10, y cuyas obras acaban de licitarse, se queda sin ningún tipo de aportación del gobierno de Mariano Rajoy.

El alcalde de València, Joan Ribó, llegaba a calificar de «desvergüenza» el quedarse, de nuevo, sin contrato-programa. «Los valencianos tendremos que costearnos íntegramente el transporte urbano, mientras que el resto de áreas metropolitanas de España tienen inyecciones de dinero que nos niegan a nosotros, que ya disponemos de la Agencia Metropolitana del Transporte», razonaba el alcalde de València. De nada han servido las advertencias de Ribó, hace apenas una semana, de que sería un «escándalo» que se repitiera la marginación de los anteriores presupuestos. Vamos a dar batalla», avisaba.

Puig: «Es intolerable»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no escatimaba críticas a la nula apuesta de Cristóbal Montoro por València. «Es intolerable», apuntaba el socialista, tras esta nueva negativa a las reclamaciones del Consell, que ya solicitó hace año y medio una partida de 38 millones para el transporte metropolitano. Una petición denegada en octubre de 2016, que se vio confirmada después en los presupuestos de 2017 y ahora en los de 2018. La aportación estatal es indispensable para la integración tarifaria de la que ya disponen ciudades como Madrid y Barcelona, sin olvidar que la creación de la Autoritat Metropolitana ha costado ya 14 millones de euros a las arcas autonómicas. Puig apuntaba ayer a PP y Ciudadanos como responsables de la «ignominia que padece València», al tiempo que les instaba a rectificar.

En cuanto al detalle de los proyectos de ADIF para València solo se destina un millón de euros para la redacción del estudio informativo previo del túnel pasante y el canal de acceso. No se contempla ni el soterramiento de las vías del parque Central, ni dotación para la estación central, pese a las reiteradas promesas del Ministerio de Fomento. Para el Corredor Mediterráneo, la partida es de dos millones. Cifras que contrastan con los más de 460 millones para el eje ferroviario atlántico, los 427 millones para la Y griega vasca, o los casi 184 millones que se invertirán en la operación Chamartín.

«Al PP de Rajoy no le interesa lo más mínimo que València tenga unas conexiones propias del siglo 21 y nos van a dejar un año más en la cuneta el paso del tren por la ciudad de València. El presidente del gobierno pone palos a las ruedas del desarrollo económico de València, y lo comprobamos con la discriminación de infraestructuras clave para nuestra ciudad», apuntaba Ribó.

Gómez: «No respetan a València

En la misma linea que Ribó y Puig se expresaba la teniente de alcalde Sandra Gómez, que reclamaba a Ciudadanos que presente enmiendas a los presupuestos «si de verdad quiere ser un partido que represente a los valencianos». «Los socialistas tenemos claro que el Gobierno no respeta a València», zanjaba.

En cuanto a la aportación al Consorcio València 2007, el Gobierno contempla 1,1 millones para el mantenimiento de la Marina, 26.000 euros para ordenadores y 98.000 euros para seguridad y telecomunicaciones. Las cuentas recogen, eso sí, el aval dado por el estado para el crédito suscrito con el ICO en 2005 por un importe máximo de 500 millones para las infraestructuras de la 32 Copa del América. El saldo vivo a 1 de junio de 2017 es de 230 millones más los intereses asociados a esa cifra, pero no consta la deuda de más de 400 millones que arrastra la Marina y cuya condonación reclama, sin éxito, el Ayuntamiento de València.