El Estatut d'Autonomia aprobado en las Corts en marzo de 2011 incluye una disposición adicional al texto original que dice que la inversión del Estado, excluido el Fondo de Compensación Territorial, «será equivalente al peso de la población de la C. Valenciana sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años». Lo establecido es que los valencianos representan el 10,9 % del censo español (según el último padrón, el porcentaje sería ahora del 10,6 %), lo que significa que en 2018 la C. Valenciana debería recibir en inversiones 1.105.469.041 euros para cumplir con la citada cláusula. Sin embargo, lo dispuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en el proyecto de Presupuestos de este año son 740,3 millones. Se trata de 365,1 millones menos, casi el 50 % de lo que hay.
No obstante, ni el nuevo Estatut ha concluido su tramitación legal (está en el Congreso de los Diputados desde 2011 y solo se desbloqueó hace unas semanas después de superar obstáculos formales de todo tipo) ni, aunque así hubiera sido, el Gobierno estaría obligado a cumplir con el precepto en cuestión. El Gobierno de Francisco Camps lo incluyó porque otros territorios (Cataluña y Andalucía) lo tienen, el Tribunal Constitucional lo consideró válido siempre que no se entienda como una obligación y el Ejecutivo central lo respetó algún tiempo en algunas autonomías.
No es el caso de la valenciana, que no ha visto unas cuentas del Estado que respeten su peso poblacional a la hora de repartir inversiones, al menos desde 2012.
Con los anhelados 1.105 millones, la Comunitat Valenciana superaría holgadamente en inversiones a Galicia y Castilla y León, territorios con la mitad de población pero que reciben bastante más en 2018.
La valenciana es, junto con Andalucía, la autonomía donde se da una mayor brecha entre su peso poblacional (10,9 %) y su porción de las inversiones estatales (7,3). En diez comunidades (Euskadi, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, La Mancha, Extremadura y Castilla y León), ese orden se invierte y reciben por encima de lo que su censo representa.
No obstante, el representante del Gobierno en la C. Valenciana, Juan Carlos Moragues, insistió ayer en que los presupuestos son positivos y «van a tener unos beneficios muy importantes para pensionistas (626.158), rentas bajas y medias, funcionarios y policías y guardias civiles».
