06 de abril de 2018
06.04.2018

Las Ampa rechazan que una empresa acceda a los datos de las familias que piden becas

Soler garantiza la confidencialidad del tratamiento de las solicitudes de ayudas y asegura que Educación recurre a trabajadores externos «desde 2005»

06.04.2018 | 01:20
Puig, Marzà y Soler, en el comedor del CEIP Cremona de Alaquàs.

«A las familias nos preocupa mucho que nuestros datos personales los tenga una empresa privada aunque esté obligada a cumplir la Ley de Protección de Datos», advierte Màrius Fullana, presidente de la Federació d'Associacions de Mares i Pares (Fampa) de la provincia de València, la principal federación de la escuela pública con más de 600 Ampa asociadas. Esta es la reacción de Fampa-València a la información publicada ayer por Levante-EMV de que una empresa externa tratará datos confidenciales de las más de 250.000 familias valencianas que cada curso solicitan la beca de comedor y transporte que convoca la Generalitat así como también de las ayudas anuales al alumnado de Educación Especial y al de Bachillerato y FP que concede el Ministerio de Educación pero tramita el departamento del conseller Vicent Marzà.

La Conselleria de Educación ha sacado a concurso público por 856.537,66 euros el servicio de revisión, control y justificación de las solicitudes de becas durante los próximos 24 meses. Fampa València rechaza esta externalización. «Defendemos los servicios públicos y este es uno más. Si la conselleria necesita más plantilla para gestionar las becas debería contratar a gente directamente, no privatizar el servicio», señala Fullana.

El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, asegura que este recurso a empresas privadas para «básicamente grabar los datos de las solicitudes de becas» lo hace la conselleria «desde 2005». Esta es la primera vez que lo licita el tándem Compromís-PSPV al frente de la conselleria, pues el último concurso público data de 2014. Las cinco licitaciones realizadas han sido siempre por dos años más otros dos de prórroga.

Soler justifica la necesidad de recurrir a personal externo «ante la falta de personal». «Con el personal estructural de la conselleria no tenemos suficiente para atender la acumulación de tareas que generan las becas, por lo que necesitamos refuerzos temporales», añade.

El pico de demanda que supone tratar en tres meses las 250.000 solicitudes de becas que se esperan este año «con personal propio no se puede afrontar ni aquí, ni en ningún sitio», subraya Soler señalando que otras autonomías como Andalucía y Extremadura también contratan a empresas externas por acumulación de tareas.

Soler explica que para atender estos picos de trabajo la conselleria tiene dos vías: «contratar personal por bolsa de trabajo, si lo hay, como ya hicimos durante tres meses para gestionar los chequelibros del programa de gratuidad de libros de texto XarxaLlibres, o licitar con una empresa dichos trabajos». «Los dos procedimientos son igual de válidos, pues ambos son públicos», destaca. Preguntado por qué no recurre a la bolsa en lugar de externalizar el servicio, Soler responde: «Si queremos incrementar las becas, no podemos dejar de hacerlo».


«Se limitan a grabar datos»

El número 2 de la conselleria niega que la licitación sea una privatización de la gestión de las becas: «ninguno de los trabajadores de la empresa hace tareas de funcionario ni barema solicitudes, se limitan a grabar los datos de las instancias bajo las órdenes del funcionario».

Sobre el acceso a los datos personales de las familias, Soler garantiza la confidencialidad de los mismos: «la empresa adjudicataria no accede a ningún listado de datos ni se lleva las solicitudes de becas. Sus trabajadores van a las Direcciones Territoriales de Educación e introducen en los ordenadores de la conselleria los datos de las solicitudes de becas, que en ningún momento salen fuera». «Están obligados por contrato -insiste- a respetar la confidencialidad de los datos y, si no lo hacen, se arriesgan a una sanción muy fuerte».

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