El Colegio de Farmacéuticos de València se apunta un tanto en su lucha contra la modificación de la ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, a través de la cual, las farmacias comunitarias se quedaban fuera de la preparación y suministro de medicamentos para las residencias sociosanitarias públicas y privadas, ya que este servicio quedaría centralizado, para las tres provincias, en la farmacia hospitalaria de La Fe.
Como informaron ayer los farmacéuticos, la Administración del Estado ha apreciado «vicios de inconstitucionalidad» en los cambios normativos llevados a cabo por la Generalitat, ya que estos «atentan contra la normativa básica estatal y con ello, contra el sistema constitucional de distribución de competencias».
Como primera medida, el Gobierno ya ha registrado ante el Tribunal Constitucional el requerimiento enviado a la Generalitat para convocar la comisión bilateral de cooperación entre ambas administraciones para iniciar negociaciones que lleven a un acuerdo que permita resolver las discrepancias.
En el caso de que el Consell no lleve a cabo las modificaciones necesarias en la ley que permitan su adecuación a la Constitución y la normativa básica legal «el Gobierno interpondrá el correspondiente recurso de anticonstitucionalidad», lo que conllevará la suspensión de la normativa, que se encuentra vigente desde comienzos de este año.
El Colegio de Farmacéuticos se mostró confiado en la «responsabilidad institucional del Gobierno autonómico» para alcanzar una solución que permita «construir el más eficiente modelo de prestación farmacéutica».
Los farmacéuticos se han mostrado en contra de los cambios de la normativa desde el comienzo. Estos aseguran que la Conselleria de Sanidad no les ha tenido en cuenta en el momento de plantear las modificaciones y que, además, ignoró de lleno el plan alternativo presentado por el gremio. Desde el colegio profesional lamentaron que tanto la presidencia como la vicepresidencia de la Generalitat «no nos hayan querido escuchar para mediar en un tema de tanto calado social como es la salud de los ciudadanos».
Esta no es la primera batalla iniciada por los farmacéuticos contra el denominado plan Resi-EQIFar, aunque sí la que obtiene resultados favorables para el sector. El pasado mes de marzo, el Tribunal de Recursos Contractuales desestimó los recursos presentados contra los pliegos del concurso público de Sanidad para adjudicar el servicio de preparación de medicamentos y reparto en residencias.
Los farmacéuticos argumentaban que no se exigía habilitación profesional para manipular los medicamentos pese a que solo podía ser «desempeñado por servicios de farmacia hospitalaria, oficinas de farmacia o laboratorios farmacéuticos». El tribunal, sin embargo, no considera exigible esta habilitación profesional, por lo que el concurso siguió adelante.
