08 de abril de 2018
08.04.2018

Movilización contra los abusos energéticos

Una docena de ayuntamientos de la C. Valenciana suscribe una moción que insta al Gobierno a intervenir en el mercado eléctrico

08.04.2018 | 04:15

La Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (Cave-Cova), junto con otras organizaciones y sindicatos ha conseguido poner a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de València en sintonía, explica a este diario Juan Antonio Caballero, presidente de Cave-Cova. El tema no es baladí. Los integrantes de la campaña tratan hacer llegar su preocupación a La Moncloa por la «inadmisible» situación del mercado eléctrico y las consecuencias que esta deja en su población.

El ascenso del precio de la luz, que se retribuye en función del precio de la energía más costosa de producir y no de sus costes reales, así como que España sea el país con la segunda tarifa más cara de Europa en el sector doméstico, ha creado una situación de «pobreza energética» que provoca que muchas familias prescindan de la calefacción en invierno para ahorrar costes. De hecho, en València viven así un 23 % de los hogares, según publicó Levante-EMV en diciembre.

Así, «considerando la energía como un derecho irrenunciable de las personas para adquirir una calidad de vida razonable», Cave-Cova, junto a la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE CV) y los sindicatos UGT PV y CC OO PV, dejaron caer sus peticiones en cada uno de los buzones de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana desde octubre.

El último en responder favorablemente a la propuesta fue el Ayuntamiento de València, que se unió a los valencianos de Aldaia, Alboraig, Rocafort, l'Alcúdia, Faura y Picassent; y a los alicantinos de San Juan de Alicante, Benissa y Ondara. Así, una docena de ayuntamientos valencianos instan al Gobierno a que considere el suministro eléctrico como un «servicio público» con la creación de bonos sociales que impidan los cortes de suministro; la creación de un «operador público» (regido por asociaciones vecinales) como un elemento estabilizador que evite las posiciones de dominio de las grandes multinacionales y ajuste el precio de la energía al «coste real de producción»; y la rebaja del IVA de la energía del 21 % al 4 % al tratarse de un bien de primera necesidad.

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