09 de abril de 2018
09.04.2018

La inclusión de secretarios en el censo pone en peligro la votación sindical en Justicia

UGT, CC OO e Intersindical piden la exclusión de este colectivo de las elecciones y exigen a la conselleria que paralice el proceso

09.04.2018 | 04:15
La Ciudad de la Justicia de València, en una foto de archivo.

La plantilla de trabajadores de Justicia parece vivir en un eterno día de la marmota que no solo les hace «perder tiempo y trabajo», sino que también supone un «innecesario» gasto económico.

Como ocurre una vez cada cuatro años, el funcionariado de Justicia se encuentra, desde el pasado día 4, en un proceso electoral para elegir a sus representantes laborales. Las elecciones tendrán lugar el 26 de este mes y UGT, CC OO, Intersindical, CSIF y STAJ son los sindicatos que se presentan.

Los tres primeros intentaron (sin mucho éxito, ya que CSIF y STAJ se mantuvieron al margen y no firmaron la petición) la paralización del proceso electoral un día antes de que comenzase la campaña. La razón fue la inclusión en el censo de todo el colectivo de letrados de Justicia: agentes judiciales, auxiliares, médicos forenses... Quedan fuera del proceso jueces, fiscales y magistrados, del mismo modo que no se les permite pertenecer a ningún grupo político.


«Nuevas elecciones sí o sí»

El conflicto radica en que entre los colectivos incluidos también se encuentra el de secretarios judiciales, profesionales que suponen el 7,8 % de la plantilla de Justicia y que pertenecen exclusivamente al Ministerio de Justicia.

Por esta razón, denuncia Pep Bomboí, de Intersindical, «no tendría ningún sentido que participasen en la elección que concierne únicamente a la regulación de los empleados de conselleria».

Este es un asunto por el que ya lidiaron en 2014 y que acabó con un laudo arbitral (resolución de manera extrajudicial) que decidió dejar fuera del censo al citado colectivo.

Este año, la mediación está señalada para el día 20 de abril, es decir, seis días antes de la votación, por lo que la resolución se notificaría 15 días después de que hayan votado.

En el caso de que ganen la impugnación, supondría que todo el proceso se retrotraiga, por lo que se verían obligados a repetir las elecciones. Si el resultado no les es favorable, pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia que, explica Gonzalo Fernández, responsable de Fesp-UGT, «tiene la última palabra y eliminará previsiblemente al colectivo de secretarios del censo, como ya ocurrió en 2014». Así, todos los caminos indican que el proceso electoral, ya en marcha, deba repetirse en uno o dos meses.

«No entendemos el interés de la administración en que el colectivo participe en el censo cuando ellos mismos no ven razón para hacerlo. Han vuelto a cometer el mismo error y tendremos que repetir sí o sí unas elecciones y perder tiempo y dinero», lamenta Fernández.

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