El Gobierno central ha trasladado a la Generalitat Valenciana sus «discrepancias» en relación con una partida incluida en los presupuestos de la administración autonómica para el ejercicio 2018. Se trata, en concreto, de 18 millones de euros correspondientes a mejoras salariales del personal de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, incluidas en la disposición adicional vigésimo sexta de dicha norma.

Para el Estado resulta «controvertida» la implantación progresiva del complemento de carrera profesional del personal PAS (Personal de Administración y Servicios) y PDI (Personal Docente e Investigador), reconocido desde el pasado 1 de enero.

Después de que la Comisión de Seguimiento y Disposiciones de las Comunidades Autónomas examinara los presupuestos de la Generalitat a iniciativa del Ministerio de Hacienda, el Gobierno insta al Consell a comunicar «con la mayor celeridad» su disposición a participar en una Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat.

Esto es un paso previo para intentar resolver las diferencias antes de presentar un eventual recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC).

En concreto, para el Estado es «controvertida» la disposición del régimen de carrera profesional horizontal de los funcionarios de carrera y laboral fijo de administración y servicios de las universidades públicas valencianas.

Para el Gobierno, es una «extralimitación» de la autonomía «dado que al no haberse aprobado por el Estado el marco presupuestario básico para el ejercicio 2018, las retribuciones del sector público mantienen las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017», sin que sea posible un incremento de la masa salarial no amparado en los presupuestos (PGE) de 2017.

Ayer, la Generalitat mostró su «sorpresa», ya que el Gobierno «no hizo ninguna observación a esta medida que ya se tomó en 2017 por parte de la Conselleria de Educación, que destinó 8 millones de euros para la mejora de las condiciones laborales del personal universitario valenciano después de años de congelación salarial».

Además, el departamento que dirige Vicent Marzà recordaba que «el área de Educación -y por tanto las universidades» es competencia autonómica». Marzà afirmó que «el Gobierno de Madrid quiere impedir que mejoremos las condiciones laborales del personal de las universidades públicas valencianas».