Más de 4.700 interinos de la Administración de la Generalitat llevan años esperando beneficiarse de la carrera profesional, el plus retributivo que el Consell reguló en su día para los funcionarios de carrera y al que el colectivo de temporales tiene derecho, según ha dicho en más de una ocasión el Tribunal Supremo. Ese cobro, que el Ejecutivo valenciano ha ido retrasando por motivos presupuestarios, podría estar cerca, ya que los tribunales de Justicia acaban de dar un ultimátum.
Se trata de una providencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), a la que ha tenido acceso este diario, en la que se da a la Generalitat un plazo de diez días para que dé explicaciones sobre las medidas que ha adoptado para cumplir la sentencia, ratificada por el Supremo en marzo de 2017, que obliga al Ejecutivo valenciano a abonar la carrera profesional a los interinos de su Administración con más de cinco años de antigüedad.
Ese fallo, que ratificaba uno anterior de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, afectaba de forma directa a los más de 4.700 interinos de la Generalitat (personal de conselleries), al tiempo que abría la vía para que el colectivo de temporales en Sanidad reclamara también su derecho a cobrar el plus salarial.
El profesorado interino, que históricamente había quedado fuera de este complemento (sexenios), empezó a cobrarlo en 2017, después de que la Conselleria de Educación lo incluyera en sus presupuestos.
Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha cuantificado en 50 millones el coste de pagar a sus cerca de 9.000 temporales la carrera profesional. De momento, no ha empezado a hacerlo y se enfrenta a reclamaciones individuales ante los tribunales. Le apremia cumplir con las directivas europeas, pero tiene algo de margen.
A quien parece que se le ha acabado el tiempo es a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, con competencias en función pública, y, por tanto, sobre el personal al servicio de la Administración del Consell. Es quien deberá demostrar ante el Tribunal Superior de Justicia que va a cumplir con la sentencia.
Una larga historia
Este fallo de tanto calado partió del sindicato de interinos Igeva, que en su día y con apoyo de la FSP-UGT llevó a los tribunales el decreto de carrera aprobado por el Consell de Alberto Fabra por el cual se regulaba la percepción de este complemento salarial (que en la práctica es un reconocimiento por la antigüedad) para los 10.000 funcionarios de carrera de la Generalitat.
Pero el Consell, ya entonces con importantes restricciones presupuestarias, sólo reconoció el nuevo derecho a los funcionarios de carrera y dejó fuera a los interinos. En diciembre de 2015, Igeva logró que el TSJ le diera la razón y declaró nulos varios artículos del decreto al considerar, basándose en el derecho europeo, que se debía equiparar a funcionarios de carrera y a interinos únicamente a efectos retributivos. Otra cosa, como alegaba el sindicato, era «trato discriminatorio».
El Consell, sin embargo, recurrió al Supremo y en marzo el alto tribunal desestimó el recurso de casación desmontando uno a uno los argumentos de la Abogacía de la Generalitat. Además, le impuso costas.
Un año después de la resolución del Supremo, los interinos siguen sin cobrar el plus retributivo. El departamento que dirige Gabriela Bravo redactó hace meses un nuevo decreto sobre la carrera para incluir a los interinos, pero la norma sigue en el limbo administrativo. El asunto se ha abordado en varias mesas de negociación, pero sin resultados concretos. Ante la parálisis, UGT optó por plantear ante el TSJ un incidente de ejecución de sentencia.
El alto tribunal ha contestado ahora con una providencia dirigida a la Conselleria de Hacienda en la que le da diez días para que dé cuenta a la sala de las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia. La providencia está fechada el 21 de marzo, si bien era recurrible. El Consell podría enfrentarse a un nuevo auto judicial apuntando ya a posibles responsables del incumplimiento.
Aunque no hay un cálculo oficial sobre el coste de este plus salarial, los sindicatos calculan que por lo menos harán falta 20 millones de euros.
