El diputado de Podem, Antonio Montiel, ha reclamado al Consell medidas urgentes para dar uso a las viviendas públicas vacías de las que dispone la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y ampliar el parque público de vivienda dado que la insuficiencia de vivienda pública para atender la demanda de los colectivos más desfavorecidos es la principal conclusión del informe presentado a Les Corts por el Síndic de Greuges.

Montiel ha indicado que «en este informe el Síndic de Greuges cifra en 7.100 los hogares que se encuentran en el límite de la pobreza en vivienda en la Comunitat, pero cabe recordar que si bien los lanzamientos van descendiendo en términos interanuales, siguen en cifras alarmantes ya que en el 2017 afectaron a una media de 31 familias diarias, siendo significativo que los derivados de arrendamientos superan ya a los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias».

Montiel ha remarcado la necesidad de que las viviendas del EIGE se pongan a disposición de familias necesitadas en régimen de alquiler social y ha recordado que el 45 por ciento de las 1.040 viviendas en alquiler que tiene el EIGE también están deshabitadas, por lo que ha solicitado medidas para darles uso lo más rápido posible.

El grupo parlamentario de Podem ha presentado recientemente una proposición no de ley en Les Corts Valencianes para garantizar el derecho a la vivienda con recursos suficientes para evitar desalojos sin alternativa habitacional.

Además, ha recordado que esta formación ya incluyó en los presupuestos para 2018 una propuesta sobre compra de vivienda a particulares para ofertar en alquiler social, medida que debería haber dado ya lugar a la primera convocatoria pública de compra, circunstancia que obliga a ser exigente, ha remarcado el diputado.

Así, ha mencionado que Podem incluyó en el proyecto de ley de los Presupuestos de la Generalitat para 2018 a través de una enmienda un aumento de 25 millones de euros para la partida destinada a la adquisición de vivienda social, que estaba cuantificada originariamente en 50 millones de euros y que fue incorporada a las cuentas de la Generalitat por iniciativa de Podem en las negociaciones previas a la presentación del anteproyecto de ley, de modo que finalmente se destinarán un total de 75 millones de euros en tres años para vivienda social: en 2018 se inyectarán 15 millones, 30 millones en 2019 e igual cantidad en 2020.

Esta medida se suma a la incorporada también como enmienda de Podem al proyecto de ley de acompañamiento para ampliar la deducción por los gastos de arrendamiento de la vivienda habitual a unas 50.000 familias, frente a las 20.000 actuales que disfrutan de ella.

También es complementaria de otras iniciativas de Podem, como la partida destinada a financiar los gastos de cambiar el destino a alquiler social a casi trescientas cincuenta viviendas destinadas inicialmente a venta por el antiguo IVVSA, hoy (EIGE), que actualmente se encuentran desocupadas.