«Les puedo asegurar que sí iba a trabajar». José Císcar, diputado del PP y conseller de Educación durante seis meses a las órdenes de Francisco Camps y Alberto Fabra, compareció ayer en la comisión de investigación de las Corts sobre Ciegsa con una idea en la cabeza: escapar de la acusación política y, sobre todo, de la investigación judicial sobre la contratación irregular de personal en la empresa constructora de colegios.

A Císcar podía salpicarle el caso de los zombis, una pieza separada del caso Taula que indaga si Ciegsa contrató trabajadores que nunca fueron a trabajar. En concreto, el caso del exconcejal del Ayuntamiento de València, Emilio del Toro, también investigado en el por el pitufeo, y cuya contratación en Ciegsa se hizo a propuesta de Císcar.

Del Toro logró un contrato de alta dirección el 19 de julio de 2011 para ocuparse de las relaciones de Ciegsa con la Conselleria de Educación, aunque no se especificó el puesto de trabajo en el organigrama. En el transcurso de la comisión de investigación dos comparecientes (personal de Ciegsa) aseguraron que no conocían a Del Toro ni tenían constancia de que trabajara allí. Los socialistas llevaron el caso a Fiscalía.

El asunto salió ayer a relucir en las Corts a preguntas del socialista Alfred Boix. Císcar justificó la elección en su experiencia. Pero fue casi al final de su comparecencia cuando disparó la artillería al desvelar que el exconcejal tuvo un despacho en la propia conselleria en la que recibía a alcaldes, entre ellos, dijo al de Ontinyent y actual jefe de la diputación, Jorge Rodríguez.

Císcar se explayó en detalles: dio el número de despacho, la disposición de la mesa y hasta la extensión telefónica.

Para la izquierda, sin embargo, la revelación de Císcar no hace sino demostrar el cúmulo de irregularidades producidas ya que sería un caso de cesión ilegal de trabajadores. Císcar admitió que Ciegsa puede haber cometido errores, pero estimó que era necesaria para hacer los colegios y defendió su endeudamiento.