Cazadores y agricultores denuncian la discriminación al mundo rural

Los agricultores aseguran que la «acción depredadora» de las especies silvestres sobre las infraestructuras agrarias ha experimentado un aumento de al menos el 30 % durante el pasado año que, calculan, se traduce en unas pérdidas directas de 26 millones de euros para los agricultores que se vieron afectados por el crecimiento poblacional de animales como ciervos, corzos o jabalíes. Estos últimos son considerados por los agricultores, junto a los conejos y las cabras montesas, «los más dañinos para el sector agrario». El jabalí, de hecho, ha visto aumentada su población en los últimos tres años en un 112 %.

Los principales motivos que explican el aumento de su presencia son el abandono de tierras agrícolas, el aumento de la masa forestal y la incidencia de la sequía que empobrece su hábitat natural y obliga a los animales a bajar a las zonas de cultivo en busca de agua y sustento. Así como de la falta de subvenciones para el fomento y la mejora de la actividad. Consideran que la Política Agrícola Común (PAC) europea discrimina el cultivo mediterráneo (frutas y hortalizas) sobre el continental (trigo y cereales).

«De los más de seis millones invertidos en España, solo el 2,3 % va a parar a la Comunitat Valenciana. La mayor parte se la llevan Castilla y León y Andalucía, por tener sistemas de cultivos parecidos a los de Alemania o Francia, a quien intenta favorecer la Unión Europea», lamentan desde la asociación.

Manifestación el 26 de mayo

Pero, sobre todo, los agricultores justifican el deterioro de sus campos en la diminución del número de cazadores y en las «duras restricciones administrativas» que tienen que afrontar a la hora de ejercer su actividad.

Así, cazadores y agricultores denuncian estar cansados de seguir esperando «después de un año, algún plan de actuación para poder hacer frente a esta situación». La respuesta a la «inacción administrativa» ha sido la llamada a la movilización para el próximo 26 de mayo en València, promovida por la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana.

A esta se unen las 15 entidades que configuran el ámbito rural (entre las que se encuentran AVA-Asaja, la Unió de Llauradors i Ramaders y la Federació de Penyes de Bous al Carrer) para que su actividad sea «debidamente reconocida y promovida».

La causa de que no sea así, denuncia la Federació de Caza, es el «desprestigio», la «criminalización» y la «demonización» de su actividad, que lleva a que la «administración no les tome en serio como para darles facilidades».

«La gente ve en nosotros un grupo de personas que caza por el placer de matar, pero nuestra actividad es mucho más. Nosotros no vamos a África a asesinar elefantes, representamos la caza social que abastece a la gente del pueblo», lamenta Raúl Esteban, presidente de la Federación.

El colectivo, formado por más de 70.000 personas en la Comunitat Valenciana, asegura sentirse «atacado» por los grupos animalistas que «desconocen las dificultades» a las que se enfrentan a la hora de tramitar la licencia para cazar. «Las normativas son cada vez más restrictivas y los precios de las licencias cada vez más altos, hasta el punto de costar 200 euros por cabeza», advierte Esteban. Denuncian, a su vez, los problemas en la tramitación de la licencia que puede llevarles a un proceso de espera «de hasta dos meses».

Aseguran, por tanto, que son los encargados de mantener el campo público con el cuidado y la inversión que ejercen en los casi dos mil cotos de caza de la Comunitat. Y explican que, de cada una de las «piezas» cazadas, destinan un 35 % a la regulación y la mejora de los cotos, dejando una inversión, «solo en la provincia de València» de casi seis millones de euros el pasado 2017.

«Generamos mucho dinero y todo va a parar al medioambiente. Si tan poco aprecio se nos tiene, que salga a subasta la gestión de los campos públicos», denuncia el presidente de la Federación.