14 de abril de 2018
14.04.2018

Contratos «ad hoc», adjudicaciones precontrato y fraccionamiento

El peritaje realizado por la Intervención del Estado detecta irregularidades en los contratos de Crespo Gomar

13.04.2018 | 23:36

El peritaje encargado por la jueza de Instrucción 21 a la Intervención General de la Administración del Estado detectó irregularidades en «la práctica totalidad» de las adjudicaciones a la agencia de comunicación Crespo Gomar SL, relacionadas con la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc.

El informe elaborado por la IGAE constató irregularidades en expedientes de contratación adjudicados a Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 o el de Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde administraciones controladas por el PSOE. El interventor perito detectó «irregularidades meramente administrativas y aquellas que van más allá y que podrían ser constitutivas de infracción penal». Entre estas últimas irregularidades, la IGAE detectó en el contrato de los opinómetros del Ayuntamiento de Benidorm que Opino Media SL no acreditó con certificaciones de ayuntamientos la colocación de estos aparatos en otros municipios. Al ser la única empresa que concurrió al concurso «éste se debería haber declarado desierto». Al interventor también le resultaba llamativo «lo concretas y específicas que aparecían en el pliego las características o requisitos que éste exigía, lo que lleva a pensar en una acomodación del mismo a la mercantil que fue designada adjudicataria».

Respecto al concurso adjudicado por el Ministerio de Vivienda existen «parece concluirse que el expediente estaba adjudicado antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales» ya que el bastanteo de los poderes de la firma adjudicataria que realiza la Abogacía del Estado es posterior (5 de enero de 2009) a la firma del contrato (29 de diciembre de 2008).

Por último, los contratos de comunicación de las desalinizadoras de Dénia (205.000 euros) y Torrevieja (200.000 euros) por la empresa Acuamed, el interventor de la IGAE detecta que días después de estas adjudicaciones realizadas en 2007 se sacaron a concurso otros contratos relacionadas con la publicidad por 60.000 euros lo que revela «un fraccionamiento de la contratación con el claro objetivo de obviar el cumplimiento de la ley de contratos ya que debieron ser licitados conjuntamente al tratarse de acciones comunicativas sobre las bondades de las desalinizaoras» ya que al sumar todos los contratos se superaba el límite legal de 211.000 euros para convocar un concurso público.

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