La diputada del grupo parlamentario Compromís Marian Campello ha registrado en las Corts una serie de peticiones de documentación y preguntas parlamentarias sobre la relación de la Universidad Miguel Hernández de Elx (UMH) con el director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde.
Según Campello, "Álvarez Conde es el director del polémico máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la vez, según hemos conocido gracias a informaciones periodísticas, ha formado parte de múltiples tribunales de selección de la Universidad Miguel Hernández. Consideramos injustificable la presencia constante de Álvarez Conde en los procesos de selección de profesorado de la Miguel Hernández, toda vez que en la vecina Universidad de Alicante y en el resto de universidades públicas del territorio valenciano hay departamentos de Constitucional prestigiosos con los que hubiera podido contar para realizar los procesos de selección".
Como ha publicado Levante-EMV, la universidad de Elx investiga si el citado Álvarez Conde cometió alguna irregularidad al formar parte del tribunal que concedió la cátedra en la universidad a la profesora que supuestamente es su pareja, Rosario Tur. Esta última fue secretaria, a su vez, de la tesis doctoral de Francisco Camps.
"Todos los detalles en torno a este caso hacen muy mal olor, Álvarez Conde es pareja de la catedrática de Derecho Constitucional de la UMH, Rosario Tur, una de las docentes que calificó con un excelente a Cristina Cifuentes en una asignatura que se impartió antes de que la presidenta de Madrid se matriculara en el máster. Asimismo Álvarez Conde examinó a Tu, en el tribunal que la nombró catedrática en la UMH, situación que sería ilegal y ya se investiga en esta universidad".
Además, recordó la diutada, las instituciones públicas valencianas "bajo el mandato del PP encargaron a Álvarez Conde un seminario y una publicación".
Entre la batería de peticiones de documentación de Compromís sobre este caso, también se incluye la copia íntegra de la tesis doctoral de Camps, los pagos de los trabajos encargados a Álvarez Conde y la relación de facturas, convenios, trabajos de asesoramiento y seminarios y su coste económico realizados entre la Generalitat Valenciana, las Corts o sus órganos estatutarios y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
"Estamos ante un cruce de intereses entre dos universidades que fueron fundadas bajo gobiernos del PP que debe ser esclarecido. Es injustificable que se use a las universidades públicas con objetivos políticos y personales oscuros que hunden su credibilidad", concluyó Campello.
