La Conselleria de Medio Ambiente informó ayer, a preguntas de este diario, que a lo largo de 2017 había traladado a la Fiscalía un total de 13 expedientes administrativos en materia de parany en la provincia de València al entender que existía materia penal. En total, fueron 14 las actuaciones que dirieron lugar a la apertura de un expediente sancionador. Trece fueron trasladadas a la Fiscalía y en un caso se consideró que la vía administrativa era improcedente.
Estos datos evidenciarían, según Medio Ambiente, que no existe ocultamiento sobre la actividad inspectora. No obstante, fuentes de la conselleria se remitieron a una posterior explicación respecto a la misiva de la Fiscalía. El escrito está en poder de la Generalitat desde el pasado 21 de marzo, fecha en la que pasó por registro de entrada.
La misiva de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, se produce en un momento de tensión en la conselleria por dos frentes. De un lado, los cazadores que amenazan con llevar a la conselleria ante los tribunales si les dejan hacer ensayos con el denominado cesto malla que aparentemente atrapa las aves (tordos en su mayoría) sin causarles daño, en contra de lo que hace la vareta con pegamento ( envisc), propia del parany.
De hecho, los paranyers tienen previsto sumarse a la manifestación convocada el 26 de mayo en València, en la que coincidirán cazadore, taurinos, pescadores, agricultores y otros colectivos que reivindican el mundo rural.
Por otro lado, la conselleria que dirige Cebrián se enfrenta a las movilizaciones de los agentes medioambientales, que estos días se están movilizando al denunciar «bloqueo institucional» al reconocimiento de condiciones laborales específicas en las provincias de Alicante, Castelló y València.
De hecho, todos los sindicatos (CC OO, CGT, CSIF, FSP-UGT y SATS, han solicitado a la conselleria la reserva de locales para poder celebrar asambleas informativas.
