Al ritmo de 12 denuncias mensuales, la agencia contra el fraude y la corrupción creada por el Botànic a instancias de Podemos empieza a coger velocidad de crucero. Ya se conocen los nombres de los dos primeros ayuntamientos a los que el organismo que dirige el abogado Joan Llinares ha puesto en su lista negra. Se trata de Benidorm y el Poble Nou de Benitatxell
En el caso de Benidorm, gobernado por el PP, es uno de los que ha puesto trabas a la aplicación del Estatuto del Denunciante que permite a la agencia proteger a quien pone en su conocimiento presuntos casos de corrupción y a cambio recibe represalias en su entorno.
Por eso, la agencia activó la orden de protección. El trabajador denunció que otros funcionarios se aprovechaban de las labores que realizaban infractores que cumplían penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Coincidiendo con esa denuncia fue expedientado y hasta suspendido de empleo y sueldo, aunque el ayuntamiento ha recurrido la decisión de la agencia Antifraude.
El de Benidorm no es el único funcionario protegido o en trámites de protección. Hay un caso casi idéntico en el Poble Nou de Benitatxell, en la Marina Alta, que afecta a su secretario-interventor y que también recibe amparo. La ley recoge sanciones para casos graves de hasta 400.000 euros.
En solo tres meses, en lo que va de año, un total de ocho funcionarios valencianos han pedido acogerse al Estatuto del Denunciante, una figura incluida en la ley y que permite a la agencia Antifraude dar asesoramiento legal, velar para que la denuncia no afecte a las condiciones laborales o de trabajo o que el denunciante pueda ser discriminado o represaliado de alguna forma.
El dato de que ocho funcionarios han pedido acogerse a esta figura en los tres meses transcurridos de 2018 lo dio el propio Llinares ayer en las Corts, en su comparecencia para presentar ante los diputados la memoria de 2017.
La agencia contra el fraude y la corrupción aún no ha abierto ningún proceso sancionador a administraciones públicas ni ha puesto expediente alguno en manos de la fiscalía. Pero si ha activado el estatuto de protección de denunciantes. La mayoría de las personas que han recibido protección son funcionarios del ámbito local.
«Actitudes no muy positivas»
Llinares aseguró ayer que en los primeros meses en el cargo se ha encontrado «sorpresas y actitudes no muy positivas» en algunas administraciones valencianas y ha avanzado que cuando cierre la memoria de 2018 pondrá ya los nombres de todas las instituciones que le ponen problemas. Según dice se ha topado con algunas de ellas que no comprenden la importancia de proteger a quien denuncia casos de corrupción.
En 2017 se produjeron 35 denuncias y todas pasaron la criba de verosimilitud. La mayoría afectan a repartos de subvenciones posiblemente irregulares y a obra pública. Un 45% de los denunciantes es personal eventual de la Administración, un 22% particulares, un 20 funcionarios y el 5% anónimos.
Llinares también reclamó ayer un pacto a los grupos políticos para olvidarse del «y tú más» y poner punto y final al uso de la corrupción como arma política. También denunció que la Administración del Estado ha puesto pegas a funcionarios que querían sumarse al plantel de la agencia.
