El Juzgado de Instrucción número 2 de la Vila Joiosa ha ordenado abrir juicio oral contra los siete acusados de matar al alcalde de Polop de la Marina, el popular Alejandro Ponsoda, en octubre de 2007. El juicio ante el tribunal del jurado se celebrará en la Audiencia Provincial de Alicante.
Entre los siete acusados está el que fuera teniente de alcalde y sucesor de Ponsoda al frente de la Corporación, Juan Cano; un empresario local, los tres supuestos autores materiales y el propietario y el gerente de un club de alterne donde supuestamente se planeó el crimen. A los siete se les atribuyen los delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas. A Cano y otros tres acusados, se les imputa el delito de asesinato en calidad de inductores; y a los tres restantes como autores materiales del asesinato y de la tenencia ilícita de armas. Además, según el auto de 50 páginas fechado el 13 de abril, se les impone una fianza solidaria de 334.933 euros en concepto de responsabilidad civil solidaria.
La juez detalla que Cano fue relegado al número 10 en las listas del PP en las elecciones de 2003, por unas supuestas grabaciones en las que solicitaba dinero a un empresario, y no resultó elegido. Sin embargo, en las elecciones de 2007 ocupó el segundo lugar de la lista del PP.
Según el auto, fue ese verano cuando Cano y dos de los acusados, con la idea de acabar con la vida de Ponsoda, concertaron en un club de alterne matar al alcalde. Contactaron con un testigo protegido a quien propusieron el asesinato a cambio de 35.000 euros. Pero se negó hasta en dos ocasiones.
Por ese motivo, contactaron con los tres supuestos autores de los disparos que acabaron con la vida del alcalde, que aceptaron el encargo por 50.000 euros, según explica la juez en el auto. Los disparos se produjeron a las 21.20 horas del 19 de octubre de 2007 en Xirles, pedanía de Polop de la Marina. Dos de los supuestos autores dispararon a Ponsoda a las puertas del garaje de su casa, mientras el tercero esperaba en un vehículo.
El alcalde de Polop falleció el 27 de octubre de resultas de las heridas producidas por las balas en el Hospital General de Alicante. La Agència Valenciana de Salud reclama el coste de la asistencia que se elevó a 3.555 euros.
En los razonamientos jurídicos, la juez desestima la petición de sobreseimiento de las defensas porque «subsisten todos y cada uno de los indicios racionales basados en los elementos tácticos».
La Fiscalía y la acusación particular solicitaron a la juez el pasado mes de marzo que no practicase más diligencias de prueba y procediera a la apertura de juicio. La Fiscalía solicita provisionalmente penas que suman 181 años de cárcel para los siete acusados por el asesinato. El fiscal pide 25 años para cada uno de ellos, incluido el que fuera concejal de Urbanismo del municipio y sucesor de Ponsoda como primer edil, Juan Cano, y añade dos más por la tenencia de armas para los tres presuntos autores materiales del crimen.
