La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi ha pedido a la Generalitat que "actúe sin demora" y apruebe, antes de finales de este mes, una moratoria de los plazos de adaptación de la segunda y tercera licencia, como marca la nueva Ley del Taxi, y evite así procesos judiciales posteriores.
La plataforma advierte en un comunicado de que, si no se aprueba este aplazamiento, en el mes de mayo los taxistas tendrán que adaptar sus vehículos para minusválidos antes de saber si se retira este punto de la ley por inconstitucional, "con los daños y perjuicios que esto ocasionará".
Informa asimismo de que la presidenta de la plataforma, Isabel Segura, se ha reunido con responsables de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para buscar una solución tras recibir el rechazo del grupo parlamentario socialista en las Corts.
"Los grupos parlamentarios de Compromís, Podemos, Ciudadanos y Partido Popular en las Corts nos han transmitido su sorpresa ante la negativa socialista de firmar esta moratoria, cuya aprobación, según todos ellos, es lógica mientras esperamos las conclusiones de la Comisión Bilateral", ha señalado la presidenta de la plataforma, Isabel Segura.
Según la presidenta, "es frustrante que en este caso no sirva una mayoría de los grupos parlamentarios que componen la cámara legislativa para aprobar la ampliación del plazo, ya que de ello depende que cientos de familias adapten sus licencias a principios del mes de mayo sin saber si se están hipotecando de por vida, a fondo perdido".
Segura recrimina asimismo la actitud de la portavoz socialista de Infraestructuras en las Corts, Sandra Martín, ya que asegura que "no sólo contradice lo que votan sus socios del Pacte del Botànic, sino que además ni siquiera ha querido reunirse con las asociaciones del taxi afectadas para por lo menos escucharnos y analizar la problemática?.
La plataforma pregunta quién se hará cargo de los daños y perjuicios ocasionados en el caso de que tras las negociaciones entre la Administración General del Estado y la Generalitat se resuelve la retirada de los artículos 6.2 y 17 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del Taxi de la Comunitat por su posible inconstitucionalidad.
A su juicio, la Generalitat "debe tomar cartas en el asunto", ya que asegura que si el PSPV en Les Corts "no firma esta moratoria a tiempo, será la Conselleria la que tendrá que costear millones de euros en indemnizaciones por el excesivo coste económico que han tenido que invertir cientos de familias sin ser necesario, un dinero público que al final sale del bolsillo de todos los ciudadanos".
Señala que su objetivo es "poder mantener las licencias acumuladas que tanto esfuerzo han costado a nuestros socios, pero en ningún momento queremos perjudicar al resto del sector", y advierte de que "pase lo que pase con las licencias de más, seguiremos luchando para defender los derechos de todos los taxistas frente a los abusos políticos.
