No pudieron asegurar por ley que el modelo Alzira no renacería de sus cenizas una vez acabados los contratos en vigor pero la Conselleria de Sanidad sí ha incluido en su nueva Ley de Salud cambios que le pueden complicar la vida a empresas como Ribera Salud -la principal concesionaria de servicios sanitarios en la C. Valenciana- en sus planes de expansión. Así queda reflejado en el articulado que hoy entra en vigor y que modifica sustancialmente la Ley de Salud que el PP aprobó en 2014.
La Ley 8/2018, que modifica la norma «popular», introduce buena parte de las líneas maestras de gestión de Carmen Montón al frente de la Conselleria de Sanidad: más atención a la salud mental, universalidad y atención sanitaria en igualdad de condiciones, fomento de la equidad en la atención farmacéutica y de la cultura de las donaciones pero también preferencia por sacar a las empresas privadas de la gestión de la sanidad como forma de dar mayor garantía a los pacientes «de accesibilidad y de no demora».
Siguiendo esta máxima, que ha llevado a recuperar el hospital de Alzira tras la finalización del contrato con Ribera Salud, la Conselleria de Sanidad da preferencia a la gestión directa a la hora de ofrecer servicios sanitarios y, además, «y para evitar posiciones de dominio», limita a un 40 % las acciones que cualquier persona o empresa podrá tener «en más de un ente titular de un contrato de gestión» sanitaria en régimen de concesión de la sanidad pública.
En aplicación de estos nuevos apartados, empresas como Ribera Salud que ya controlan las Uniones Temporales de Empresas (UTE) que gestionan las áreas de salud de Torrevieja y Elx-Crevillent, no podrían ahora asumir el 100 % del control de la UTE Marina Salud en la que actualmente tienen un 35 % junto a la aseguradora DKV, que controla el otro 65 %. Precisamente, el asumir también el control de esta área de salud «privatizada» antes de que acabe el contrato es el nuevo objetivo para Sanidad y para el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, antes de que acabe la legislatura.
Tras anunciar DKV su intención de abandonar la UTE por las pérdidas acumuladas, el Consell inició conversaciones para poner precio a ese 65 % de la UTE pero Ribera Salud, como socio minoritario tendría derecho de tanteo y retracto para quedarse, de forma preferente, los títulos. Con la nueva ley, si el Consell no consigue llegar a ningún acuerdo con la empresa mayoritaria, Ribera Salud tendría las puertas cerradas a ampliar su «posición de dominio».
La empresa, que mantiene hasta medio centenar de recursos contra la Conselleria de Sanidad tanto por el proceso de reversión de Alzira como por otras cuestiones, declinó ayer concretar si iban a llevar también ante los tribunales esta nueva ley del gabinete de Montón que constriñe su futuro en la Marina.
