La resolución provisional del expediente interno abierto en 2017 a Maria José Gil, directora del archivo de la Diputación de València que tuvo a su cargo durante dos años a Carles Recio, el funcionario expulsado por no ir a trabajar durante diez años, concluye con la propuesta de suspensión de empleo
El expediente de Gil, que ya ha sido informada de la decisión, se resuelve con una falta grave por haber tolerado «desde su posición jerárquica» las faltas graves y muy graves cometidas por Recio. La principal fue haberse ausentado de forma reiterada de su puesto de trabajo en el archivo de la diputación, donde había sido designado como jefe de Unidad Bibliográfica. Ahora, la directora tendrá diez días para hacer alegaciones contra la decisión de la institución.
La suspensión de empleo y sueldo está sustentada en haber omitido la responsabilidad respecto a las personas a su cargo.
Recio, al estar adscrito a este departamento, tenía una relación de «subordinación» con Gil, recoge el expediente. Se reconoce que pese a no haber tenido nunca una actuación directa sobre los hechos que se le imputan al funcionario, «toleró su actitud durante los años que coincidió con él».
El periodo en el que trabajó a su cargo comenzó con el nombramiento de ella como directora, en septiembre de 2014, cuando Recio ya se encontraba en el departamento. Fue en febrero de 2017 cuando se les abrió el expediente a ambos, el de Recio con una falta muy grave por la que fue expulsado de la diputación. Gil continuó en su cargo a la espera de la resolución.
La Ley de Ordenación y Gestión Pública estipula el tipo de sanciones. Se aplica el principio de proporcionalidad por el que la penalización varía en función del tiempo que la persona haya desempeñado el cargo durante los hechos que se investigan.
El instructor considera como agravante que Gil nunca emitiera ningún escrito al departamento de Personal denunciando las reiteradas ausencias del exfuncionario. De hecho, califica de «actitud permisiva» que nunca adoptara «medidas correctivas» frente a una situación de absentismo.
Recio era «prescindible»
El expediente también recoge que Carles Recio solicitó cambiar su puesto laboral y Gil alegaba que era alguien prescindible en el equipo. Sin embargo, el informe apunta a que debió instarle a cumplir con su trabajo o, al menos, trasladarlo de forma escrita a sus superiores.
De hecho, María José Gil alegó que hizo «lo que hicieron sus antecesores en el cargo», es decir, no tomar medidas contra la conducta de Recio. El instructor del caso indica que ella tenía «la obligación de estar informada» y no había lugar para desconocer la conducta del empleado, que estuvo a su cargo durante dos años.
