El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha declarado la nulidad parcial del decreto de plurilingüismo y regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la región por discriminar al castellano.

Según ha informado el TSJ en un comunicado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha estimado los recursos interpuestos por varios colectivos de padres de alumnos y anula los artículos 9.4, 17, 18, 19, 20 y 21, la disposición adicional octava y los anexos XI y XII del Decreto 9/2017.

Todo ello por entender que tales preceptos de la norma, que se encontraba suspendida de manera cautelar por el TSJ, vulneran la Constitución, son contrarios a la legislación nacional y autonómica y suponen una discriminación del castellano frente al valenciano en las aulas.

Según el TSJ, pese a que la norma fue «formalmente» derogada, «sus efectos se prolongaban en el tiempo por haberlo asumido el Decreto ley 3/2017, de 1 de septiembre, del Consell por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017/2018 de los proyectos lingüísticos de centro (PLC)» y por Ley valenciana 4/2018 (disposición transitoria segunda) aprobada en febrero, que regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo.

Tras conocer el fallo, la Conselleria de Educación recalca que no es firme, que está en desacuerdo con el mismo y que el decreto al que hace referencia no está en vigor, pues el plurilingüismo educativo está actualmente regulado por la ley del pasado mes de febrero. Esta sentencia, según la conselleria, «no afecta ni al funcionamiento normal de los centros educativos, ni al alumnado ni al profesorado valenciano».

La Sala ha dictado cinco sentencias que resuelven en el mismo sentido los recursos interpuesto contra el decreto de plurilingüismo. En las mismas concluye que esta norma (cuyo contenido fue asumido por el decreto ley, aprobado en septiembre, a punto de comenzar el curso, para esquivar la orden del TSJ que obligaba a mantener el modelo anterior, y por la ley aprobada el pasado mes de febrero), «ha supuesto la eliminación de la opción del castellano en la mayoría de los centros sostenidos con fondos públicos» al impedir la coexistencia de un programa plurilingüe en castellano y valenciano.