La Plataforma de Educadoras de Educación Especial e Infantil de la Comunidad Valenciana ha presentado una reclamación colectiva dirigida al Síndic de Greuges en la que denuncian «la vulneración de sus derechos laborales» por parte de la Generalitat y explican cómo esa «discriminación» afecta a los alumnos de Educación Especial y Educación Infantil con los que trabajan.
Con esta queja las educadoras pretenden denunciar «la inseguridad jurídica que supone la falta de claridad en la delimitación de sus funciones y jornada laboral y los reiterados incumplimientos por parte de la Administración, del Decreto 175/2006, que regula sus condiciones de trabajo».
Aseguran que esta situación está «afectando al desempeño diario, dañando su salud física y mental, minando su autoestima y condicionando sus relaciones con el resto de profesionales de los centros».
Las educadoras denuncian que, «pese a ser las que más tiempo pasan con estos alumnos a lo largo de la jornada escolar no pueden opinar en las decisiones que les afectan, son excluidas de las reuniones de coordinación y seguimiento en los centros, no tienen posibilidad de participar en actividades de formación y su alumnado no es atendido en igualdad de condiciones que el resto de niños», en especial en los servicios de comedor y actividades extraescolares.
La Plataforma ha recabado apoyos de entidades y ha recogido más de 5.300 firmas personales a través de Change.org. «Somos las chachas de los coles y nos quieren para cambiar pañales y limpiar mocos. En el Decreto de Inclusión Educativa ni se nos menciona», denuncian.
Lamentan, además, el «inmovilismo» de la administración, aludiendo en concreto a las consellerias de Educación y Justicia. «El señor (Vicent) Marzà, conseller de Educación, se niega a recibir a las representantes de la Plataforma de Educadoras y delega», ha indicado, mientras Justicia «dilata la convocatoria de la mesa técnica».
